Una ciudadana rusa, que ha denunciado por maltrato a su esposo español, se ha acogido a una de las posibilidades de su sentencia de divorcio y ha pedido autorización judicial para llevarse a sus dos hijos a Rusia e instalarse allí, ante el impago de la pensión de alimentos.

La sentencia de divorcio, dictada el 5 de marzo, estableció que si el padre dejaba de abonar la pensión de alimentos y no cumplía el régimen de relaciones paterno-filiales, ella quedaría autorizada a trasladar sus residencia y la de sus hijos -de 10 y 3 años- a Tambov (Rusia), donde viven los abuelos de los menores.

Ese escenario se ha producido y el padre, el español R.M.M., abonó a principios de abril 400 euros en lugar de los 3.000 para los dos hijos que estableció la sentencia de divorcio.

Además, el 20 de marzo avisó a las 14.49 horas de que no podría recoger a los niños del colegio, donde la hora de salida son las 14. Tampoco los recogió el 3 de abril, “y otras veces ni avisa”, según el escrito presentado por la madre al juzgado de Violencia sobre la Mujer 3 de Sevilla.

La rusa Olesya K. interpuso un proceso penal por violencia de género contra su marido en febrero de 2017, tras sufrir una  agresión. Entonces su esposo extrajo de la cuenta bancaria todos sus ingresos, dejó de abonar el alquiler del piso, le quitó el vehículo, dejó de pagar el colegio de los hijos -que fueron expulsados a mitad de curso- y las facturas de agua y luz.

Olesya se trasladó entonces a la Costa del Sol, donde encontró trabajo en un salón de estética pero argumentó a la juez que en Tambov tiene posibilidades de un buen trabajo como traductora, además de disponer del apoyo de su familia.

La sentencia de divorcio criticó al padre por no pagar la pensión de alimentos a sus hijos pese a que vive en barrios de lujo, conduce vehículos de alta gama y “extrañamente es  titular o está autorizado en demasiadas cuentas bancarias teniendo en cuenta que sus ingresos no superan supuestamente los mil euros mensuales”. 

La juez atribuyó a la madre una pensión de 800 euros mensuales durante dos años por la pérdida de su nivel de vida como consecuencia de la separación. Además, otorgó una pensión alimenticia de 1.500 euros mensuales a cada uno de los hijos. 

La letrada de la madre, Irene González Angel, indica a este periódico que la sentencia “recogía la posibilidad de residir en el país natal de la progenitora en el caso de que el padre incumpliera con sus obligaciones parentales, lo que ha sucedido. La propia sentencia ofrece una garantía a los menores, que estarán mejor atendido con la madre en su  país de origen, sin la demora procesal que supondría acudir a otro procedimiento judicial”.

Según el escrito de la letrada al juzgado, el padre ha hecho saber al mayor de sus hijos que “cuando se vayan a Rusia a lo mejor puede ir a verlos”.

La sentencia de divorcio lamentaba que “los dos menores, incomprensiblemente, cuando están en compañía del padre pueden realizar actividades de ocio que, por su alto coste, no puede permitirse la madre”, mientras ella tiene dificultades para atender las necesidades básicas de sus hijos ante el incumplimiento económico del padre.