La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebra este jueves la segunda sesión de la vista pública para la exposición de los recursos de casación presentados por la defensa de los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla, en relación con el denominado "procedimiento específico" por el que se concedieron 680 millones de euros en ayudas.. Después de escuchar en el día de ayer los alegatos de las defensas, ahora le toca el turno a la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la acusación popular, que solicitan la confirmación integra del fallo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene la tesis de que hubo un “plan” preconcebido para materializar la disposición de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante una década y que ese plan fue una decisión “colectiva”, “colegiada”, y “compartida” de los gobiernos andaluces presididos por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los demás ex altos cargos que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

En un extenso escrito de 789, los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar piden al Tribunal Supremo que ratifique íntegramente la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Los fiscales sostienen que la utilización “inadecuada” de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo pero abonaba el IFA/IDEA y la utilización del convenio marco de 2001 son “piezas claves del engranaje del plan urdido para la distribución caprichosa de las ayudas al margen de la legalidad”.