El Ayuntamiento de Utrera desahució este viernes a la familia que vive desde hace 33 años en una vivienda de guardería dentro del recinto ferial. Su abogado intentó paralizar el lanzamiento porque se trata de una familia vulnerable -la madre padece cáncer y el hijo está en silla de ruedas- y porque asegura que el único interés municipal es acceder a una subvención y derribar la vivienda.

Angel, Rosario y sus hijos han ocupado la vivienda desde el 13 de enero de 1987, cuando el Ayuntamiento le contrató y le cedió la vivienda a cambio de mantenerla en adecuado estado de uso y realizar labores de guardería.

El trabajador dejó de prestar el servicio cuando en mayo de 2010 la Seguridad Social le reconoció una incapacidad permanente absoluta, pero según su abogado las condiciones para extinguir la cesión de la  caseta no incluían su jubilación.

El abogado de la familia, Javier Calero, alega que el desahucio “únicamente obedece a intereses políticos derivados de una subvención otorgada al Ayuntamiento de Utrera para hacer unas obras en el recinto ferial” que debían  finalizar el 20 de octubre de 2020. “De ahí la premura en instar el desahucio”, afirma en sus escritos al juzgado.

Añade que si se derriba la que ha sido su vivienda durante 33 años, Angel “se vería durmiendo en la calle junto a su familia y especialmente junto a su esposa, que por sus padecimientos necesita una atención continuada”.

El desalojo se llevó a cabo sin incidencias a partir de las 7 de la mañana, con intervención de la Policía Local y Guardia Civil que vigilaron el proceso de retirada de los muebles por parte de operarios municipales y en presencia de la concejala Carmen Cabra (PSOE). Ángel A. indicó a este periódico que los primeros días vivirán en casa de un hermano hasta que encuentren una nueva vivienda en alquiler.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla autorizó el desalojo en cumplimiento de un acuerdo municipal que en junio de 2020 declaró extinguido el derecho a ocupar esa vivienda. Fue “un acto administrativo dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones”, afirma el juez en una resolución a la que tuvo acceso este periódico.

La familia pedía que, al menos, se esperase a que otro juzgado de lo Contencioso, el número 11, resuelva sobre el recurso que han presentado contra la resolución municipal de junio.

Argumenta su letrado que “no consta en modo alguno que la permanencia del recurrente en la vivienda hasta el momento en que se resuelva su recurso vaya a causar trastorno al interés general y mucho menos una perturbación grave al Ayuntamiento”.

En cambio, el perjuicio “está acreditado” con la demolición de lo que ha sido su hogar desde hace 33 años. Una vez derribada la caseta, “el pleito principal, que es la impugnación del desahucio, carecería de interés”, razona.