Los colegios profesionales de Sevilla son noticia en los tribunales: A los diferentes frentes abiertos por la decana del Colegio de Arquitectos y su antecesor, se ha unido ahora una sentencia del 7 de junio que ha anulado la reelección de Luis Cáceres como presidente de los dentistas y un auto del juzgado de instrucción 9 que acordó, el 4 de junio, incautar, intervenir y depositar a disposición judicial todos los votos por correo emitidos en las elecciones al Colegio de Aparejadores del 1 de junio.

En el caso de los dentistas y aparejadores, la polémica ha sido por el voto por correo y la obligación de que sea recogido y depositado personalmente en Correos por el votante. También en ambos casos, esos sufragios fueron decisivos para la victoria de alguno de los contendientes.

Dentistas: anulada la reelección de Luis Cáceres

En el Colegio de Dentistas había 1.750 electores que el 25 de enero de 2019 habían dado la victoria a Luis Cáceres frente a Rafael Martínez de Fuentes. El pasado 7 de junio, el juzgado de lo Contencioso 4 atendió la petición de este último y  anuló las elecciones y la proclamación de la candidatura electa.

Según la sentencia a la que tuvo acceso este periódico,  “existen sospechas más que fundadas“ de que el proceso electoral en relación con el voto por correo “no respetó que fuera efectuado por cada elector de forma personal, secreta y libre” y además 173 de esos votos no presenciales no fueron depositados por los propios electores. 

Ello sin perjuicio de que la candidatura demandante también utilizase ese mecanismo autorizado por la mesa electoral, según la sentencia.

Dado que además los votos por correo fueron “esenciales al objeto de la proclamación de la candidatura ganadora”, la juez declaró nulo el proceso y la designación de Luis Cáceres, que lleva ya 30 años al frente de su colegio profesional.

No obstante, José Luis García González, el abogado que presentó la demanda, indica a este periódico que Cáceres seguirá como presidente de forma interina porque el Consejo Andaluz, que avaló la decisión del colegio sevillano, ha anunciado recurso.

Aparejadores: denuncian fraude electoral y suplantación de identidad 

En el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el juez ha decretado la incautación de los votos por correo enviados para las elecciones del 1 de junio entre 2.075 profesionales.

El denunciante, Rafael Esteve, perdió las elecciones pero a lo largo del mes de mayo había presentado cuatro escritos a la  Comisión Electoral diciendo que “desde el primer momento se observaron irregularidades en el voto por correo” y algunos asociados les hicieron llegar declaraciones juradas de que miembros de la candidatura de la entonces Junta de Gobierno, encabezada por José Manuel Flores, les habían ofrecido  recoger el voto en su domicilio y enviarlo por correo, “sin la intervención personal del elector”.

El día de la votación, sus interventores pidieron a la mesa electoral que se diferenciase el sufragio por correo del presencial con objeto de “realizar comprobaciones en pro de la transparencia del proceso”.

Cuando llegaron los votos por correo “sorprendió la enorme cantidad de votos nulos al no coincidir en absoluto la firma del DNI con la firma del sobre en el que se emite el voto”, según su denuncia.

El escrutinio del voto por correo arrojó 287 para Flores y 39 para Esteve, diferencia que los denunciantes ven “increíble” frente al voto presencial en el que Flores obtuvo 143 sufragios y Esteve 218, lo que hacía “difícilmente comprensible que haya obtenido tan solo 39 votos por correo”.

Ello les llevó a denunciar en el juzgado presuntos delitos de suplantación de identidad, falsedad documental y fraude electoral. 

Arquitectos: uso del proceso penal para “disputas internas”

El voto por correo dio lugar también a una de las numerosas denuncias judiciales que han intercambiado la decana desde 2017 del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo, y grupos vinculados a su antecesor, Ángel Díaz del Río.

En diciembre de 2020, el juzgado de instrucción 2 archivó una querella contra Murillo por presunta prevaricación en el voto por correo en las últimas elecciones. Su actuación, motivada por la alerta sanitaria, fue “exquisita” para garantizar la transparencia del proceso, según el  juez Carlos Mahón, que aplicó el principio de intervención mínima del Derecho Penal.

Pero Díaz del Río y Murillo se han denunciado por otras cuestiones, muchas de ellas relacionadas con el control de la  Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura (Fidas) y la  imposición de acuerdos sociales lesivos.

Al archivar la denuncia sobre el voto por correo, el juez Carlos Mahón reprochó que se estuviese “utilizando mal el proceso penal para tratar de dirimir unas disputas colegiales internas que traen su causa en un proceso electoral en el que los vencidos no admiten la victoria de los vencedores”.