Más de nueve años para conseguir el ADN para un juicio de paternidad
Morón de la Frontera
El abogado Fernando Osuna advierte que aún pueden quedar otros dos años más
Pide una indemnización de 3.000 euros al Ministerio de Justicia
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El abogado Fernando Osuna ha lamentado que lleva más de nueve años intentando realizar la prueba de ADN a los restos de un hombre enterrado en el cementerio de Morón y que podría ser el padre de su cliente. De hecho, ha solicitado una indemnización de 3.000 euros para su representado y ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Según el letrado, el "mal funcionamiento de la Justicia y del Ayuntamiento de Morón" ha impedido que se identifiquen los restos óseos del supuesto padre de su cliente en el cementerio de este municipio sevillano. Fernando Osuna considera que al demandante "se le está ocasionando un importante daño moral, puesto que ha visto dilatado indebidamente, y por causas no imputables a él, un procedimiento judicial que de media suele durar un año".
El presunto hijo tiene actualmente 65 años y su supuesto padre era, según el letrado, un hombre que tenía un gran patrimonio. El hombre dejó embarazada a la madre de su representado y repudió al bebé cuando nació.
Osuna presentó en 2013 la demanda de reclamación de filiación no matrimonial, incoándose un procedimiento que, a día de hoy "continúa sustanciándose ante el Juzgado de Primera Instancia de Morón de la Frontera", explica el abogado en un comunicado. Todo esto han supuesto "dilaciones indebidas en su tramitación, por sencillas procesalmente que resultasen las actuaciones".
Fernando Osuna afirma que esta situación "resulta claramente vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, habiéndose producido un anormal funcionamiento tanto del órgano de la Administración de Justicia, como de la Administración Municipal de Morón de la Frontera".
"Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto en el que un error, no imputable a las partes, en la práctica de la diligencia de exhumación está causando grave perjuicio al justiciable, que ve postergado, injustificadamente, el ejercicio de sus legítimos derechos, sin que el Juzgado competente actúe en aras de subsanar dicha situación", afirma Osuna.
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