Amparo Alonso, directora del Archivo Histórico Provincial

“Los fondos judiciales están mermados, incompletos y mal descritos”

  • Los más solicitados: la muerte del marqués de Pickman en duelo y el sumario de Los Galindos

  • Advierte del riesgo que corren los archivos de los juzgados de pueblo

Amparo Alonso trabaja sobre un antiguo legajo en su despacho Amparo Alonso trabaja sobre un antiguo legajo en su despacho

Amparo Alonso trabaja sobre un antiguo legajo en su despacho

Amparo Alonso García es la directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Al frente de un equipo de solo cinco archiveros, incluida ella misma, atienden las consultas tradicionales y las nuevas demandas como las que afectan a la Memoria Histórica. Pese a la sobrecarga de trabajo, ha ido robando minutos para catalogar los miles de legajos de la Escribanía de Guerra y la Escribanía de Marina, dos cuerpos jurídicos especializados que funcionaron durante casi doscientos años en los siglos XVIII y XIX. En esta entrevista explica su trabajo y los problemas específicos de los archivos judiciales sevillanos.

— ¿Cómo ha sido la catalogación de las Escribanías de Guerra y de Marina?

Empecé en 2007 y acabo de terminar. Era una documentación judicial que estaba en el archivo de Protocolos Notariales y llegó intacta a este Archivo Provincial en 1990, sin haberse investigado. Ha sido un trabajo masivo  hecho muy poco a poco, abriendo legajo a legajo. No estaban ordenados ni por fecha ni por tipo de pleitos, causas criminales o testamentarías.

— ¿Que pueden aportar a los investigadores?

Contienen una información riquísima sobre unos aspectos que están poco trabajados como la explotación de los montes o la conflictividad que había entre la jurisdicción militar y los ayuntamientos.

—¿Interesan ahora esos fondos?

Muchísimo, el nivel de investigación ha crecido mucho, la sala la tenemos siempre llena. La investigación se ha ampliado a aspectos que antes no se trataban y ya no se investiga solo para la historia pura y dura, sino también para aspectos de ingeniería, contabilidad o derecho.

— ¿Con qué criterios se digitalizan los archivos?

El interés es preservar el original porque hay fondos que se consultan mucho y está en muy mal estado. Por ejemplo los expedientes de internos en la Prisión Provincial, que se consultan mucho para investigación de la Memoria Histórica. La cárcel de La Ranilla se creó en 1933 y sus fondos se pueden consultar hasta 1968. Debido a la carestía de aquellos años, el papel era de muy mala calidad y está muy deteriorado, por eso estamos digitalizando ese periodo que se consulta tanto.

— ¿Cuáles son los más consultados?

Los protocolos notariales de Sevilla. El más antiguo que conservamos es de 1441. Tienen información que afecta a todos los campos de la vida, desde la religiosidad reflejada en los contratos de las hermandades con los artistas hasta aspectos fundamentales para la historia como los fletes a América, los préstamos que pedían quienes viajaban, los poderes que daban a quienes iban a llevar aquí sus negocios, los testamentos que hacían porque el viaje era peligroso…

—¿En qué situación están los archivos judiciales?

Es la espina que tiene clavada este archivo porque son unos fondos muy voluminosos, variados y no están bien descritos.

Los fondos de la Real Audiencia, que terminan en el siglo XIX, están muy mermados porque sufrieron traslados e incendios y  lo que hay aquí es una parte mínima para una vida tan larga. La información que contiene es muy rica, sobre todo los pleitos civiles y concursos de acreedores del siglo XVI a XVIII. Hay una enorme posibilidad de abrir campos de investigación a través de esos expedientes.

En cuanto a lo que hoy es la Audiencia Provincial, está muy incompleto y poco descrito, igual que los expedientes de los juzgados.

Entre 1989 y 1991 ingresó en masa todo lo que había acumulado en los juzgados. En cuanto se recibió, el  personal se tuvo que poner a atender las peticiones de los juzgados porque eran casos que en teoría  estaban archivados pero no lo estaban.

También está incompleto porque cuando se hizo el ingreso masivo se quedó allí lo que estaba en trámite, con lo cual puede haber todavía rangos de fechas pendientes de ingresar. Y no vienen aquí porque no tenemos espacio.

— ¿Hay expedientes judiciales más solicitados que otros?

Vienen mucho pidiendo un expediente que no tenemos: el duelo entre un marqués de Pickman y un cabo de la Guardia Civil en 1904. Murió Pickman y lo enterraron en el cementerio de Sevilla, pero el arzobispo Marcelo Spínola ordenó que lo sepultaran en la zona de los no cristianos, al haber muerto en duelo. Entonces los propios trabajadores de la fábrica de Pickman lo sacaron de donde estaba enterrado y lo devolvieron a suelo sagrado.

También nos piden el sumario del quíntuple crimen de Los Galindos pero ese nunca llegó aquí.

—¿Cómo están los archivos judiciales de los pueblos?

Es terrible, hay mucha producción y hay que hacer una planificación del crecimiento anual previsto porque eso no es nuevo, es la propia gestión judicial. Esa previsión choca con la realidad de los locales, que son pequeños, no reúnen condiciones y entiendo que también porque será costoso pero lo cierto y verdad es que es un patrimonio documental que corre mucho riesgo.

Lo principal es tener una buena gestión documental que controle esa producción excesiva, que desde el principio se piensen las cosas y que no se dupliquen, porque se hacen copias y copias y eso es lo que hace que los procedimientos sean tan grandes.

— ¿También reciben consultas de ciudadanos?

Hay personas que necesitan una información para reclamar un derecho. Eso a nosotros nos exige una búsqueda mucho más exhaustiva que la del investigador que se sienta en la sala y consulta documentos. El particular no sabe cómo funciona un archivo, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para después decirle si lo hemos encontrado o, en caso negativo, aconsejarle que vaya a otro sitio.

— ¿Hay algún caso que le haya llamado la atención?.

Hay casos tristes como las ayudas a personas que pudiesen demostrar que habían estado detenidas por homosexualidad. Son personas mayores que saben que estuvieron en la cárcel pero no recuerdan la fecha, el número de procedimiento ni el juzgado. Te contaban cosas tristes porque habían estado detenidos durante tres o cinco noches y sometidos a vejaciones. Tenemos la satisfacción de haberles podido ayudar.

Hay también emigrantes que trabajaron en Europa, ahora se han jubilado y nos piden documentos porque en otros países les beneficia demostrar que han tenido estudios primarios. A muchos de ellos les hemos buscado sus certificados escolares.

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