Magistrada, representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental Begoña Rodríguez: “No se puede negociar una autodeterminación que no cabe en nuestras leyes”

  • ”Salas del TSJA en Málaga y Sevilla darían proximidad y no afectarían a la capitalidad de Granada”.

  • “Nada justifica la desproporción de mujeres en la cúpula judicial. Pero no por cuotas, sino por valía”.

Begoña Rodríguez, en su despacho de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla Begoña Rodríguez, en su despacho de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla

Begoña Rodríguez, en su despacho de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla

La magistrada Begoña Rodríguez Álvarez se convirtió en diciembre de 2017 en la primera mujer nombrada representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental. En esta entrevista reflexiona sobre la crisis catalana y afirma que “no se puede negociar nada políticamente con quien quiere una autodeterminación que no cabe en nuestras leyes”. Cree que la  lentitud de la Justicia no se soluciona con reformas legales sino con más medios, aspecto en el que aprecia “distintas sensibilidades” según la comunidad autónoma de que se trate. 

Es partidaria de desplazar salas de apelación desde Granada a otras provincias andaluzas, lo que daría proximidad y no afectaría a la capitalidad judicial granadina. Begoña Rodríguez fue también la primera mujer en llegar a la presidencia de una sala del Tribunal Superior andaluz, en este caso de lo Social. Cree que ya no hay razones para la desproporción de mujeres en la cúpula de  la judicatura “pero  no por cuotas, sino por valía”. 

-Como especialista en la jurisdicción Social desde hace varias décadas, ¿cómo se refleja la crisis económica en los asuntos que le llegan?

-Se ha incrementado notablemente la litigiosidad y la enjundia jurídica de los asuntos. En la medida en que disminuye la ocupación laboral, se han incrementado todos los procesos, especialmente las impugnaciones de despidos con todas sus consecuencias, muchas veces muy dolorosas, y sobre todo los procesos en los que se ventilan peticiones de prestaciones sociales, tanto de desempleo como de prestaciones de la Seguridad Social.

-¿Qué siente un juez cuando ve pasar tantos dramas personales y familiares por su sala de vistas?

-En la sala de lo Social no tenemos muchas vistas, pero a través de los recursos que resolvemos, efectivamente, se pueden percibir los dramas humanos aunque no veamos a las personas. Nuestro trabajo es aplicar la ley como herramienta para llegar a la Justicia aunque el problema humano que subyace no siempre queda resuelto cuando el proceso termina. No podemos deshumanizarnos, pero hay que aplicar la ley. 

-¿Percibe usted una merma de los derechos laborales como consecuencia de la crisis económica? 

-Sí, claro. La reforma laboral del año 2012 recortó derechos laborales y también produjo efectos en materia de prestaciones sociales. En los despidos, por ejemplo, se flexibilizaron los requisitos para los despidos objetivos con el consiguiente abaratamiento y también se rebajó la indemnización a percibir por despido improcedente, que pasó de 45 días por año de servicio a 33 días.

-En las prestaciones sociales, no sólo se endurecieron algunos de los requisitos de acceso, sino que también las reformas trajeron disminución en las cuantías.

“Para agilizar la Justicia no hacen falta reformas importantes sino más medios”

-Se dice que una Justicia tardía no es Justicia. ¿El Poder Judicial en España está dando respuesta a las demandas de la sociedad? ¿Qué reformas son necesarias para agilizar los procesos?

-Cuando se tarda más de lo razonable en dar respuesta judicial a un problema, la respuesta pierde parte de su efectividad. Y es verdad que hay cuestiones que no admiten espera. En mi opinión, para agilizar los procesos no hacen falta reformas legales muy importantes. Al menos en la jurisdicción Social las normas  ya disciplinan un proceso ágil. Lo necesario, creo yo, son como siempre más medios humanos y materiales. Un mayor número de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios que puedan tramitar y resolver el gran número de procedimientos que se inician cada año. Se acaba de convocar una oposición a jueces y fiscales con 300 plazas, creo que ese es el camino y también convendría reorganizar los recursos.

-¿Cómo ve el proceso para crear nuevas salas penales del TSJA en Málaga y Sevilla?  [esta pregunta fue contestada antes de la reciente decisión del Poder Judicial de crear una nueva sección de Apelación Penal en Granada]

-Creo que sería bueno que las salas de lo Penal se desplazaran a Sevilla y a Málaga. En mi opinión, no influiría para que se siguiera conservando la capitalidad judicial de Granada, como no ha influido que Málaga y Sevilla tengan sus salas de lo Social y Contencioso que funcionan desde la creación del Tribunal Superior de Justicia. Andalucía comprende un territorio muy amplio y la proximidad al lugar donde se ha de dar respuesta judicial a los problemas de los ciudadanos es una cuestión a tener muy en cuenta. 

-¿Cómo ve la problemática de cara a la celebración de casi un centenar de macrocausas en la Audiencia de Sevilla?

-Va a ser una temporada larga, de mucho esfuerzo. He visto a algunos compañeros de la Audiencia preocupados porque esperan mucho trabajo. Van a ser muchas horas de sala para todos, en asuntos muy complejos que requieren mucho estudio. Porque para los magistrados no termina todo con el juicio, después hay que deliberar y redactar la sentencia razonadamente.

-¿Las transferencias de Justicia a las comunidades autónomas han creado justicias de varias velocidades en España, se ha roto el principio de igualdad? 

-No creo que las transferencias de Justicia hayan creado una Justicia a dos velocidades, ni que hayan roto el principio de igualdad en cuanto a la aplicación del Derecho. La aplicación de la ley, salvo las especificidades de los Derechos Forales o en aquellas materias que permitan regulación autonómica, no puede ser distinta en una u otra comunidad autónoma. Otra cosa son los medios materiales y en eso sí que hay distintas sensibilidades entre quienes deciden las dotaciones.

“Ya nada justifica la desproporción de mujeres en la cúpula judicial”

-Las mujeres representan más de la mitad de la carrera judicial pero sólo hay una mujer entre las 17 presidentas de Tribunales Superiores y once magistradas frente a 74 hombres en el Tribunal Supremo. ¿Percibe usted que vaya a cambiar esta tendencia?

-Claro, ya está cambiando porque somos muchas mujeres y unas cuantas con antigüedad de más de 35 años. La valía de las mujeres se ha acreditado sobradamente y ya no hay justificación para la desproporción. Pero no por cuotas, sino por valía. En Andalucía hay paridad en las presidencias de las salas del Tribunal Superior: de las seis salas, tres las presiden hombres y tres mujeres. En las presidencias de las Audiencias, sin embargo, no ocurre lo mismo. En la actualidad, solo la Audiencia de Málaga está presidida por una mujer.

-¿Le habría gustado que alguno de sus tres hijos fuese juez?

-A ninguno le ha atraído esta profesión y, como madre, lo que me gusta a mí es lo que a ellos les satisfaga y les haga felices.

“Las palabras de Rafael Catalá sobre el juez de La Manada fueron muy desafortunadas”

-¿Qué le parece el debate social sobre la sentencia de abusos contra La Manada y las declaraciones del importantes responsables públicos contra el juez del voto particular? 

-Las resoluciones judiciales también han de estar sometidas a crítica y a debate público. ¡Faltaría más! Pero, en este caso, todo el mundo ha opinado y muy pocos se han tomado la molestia de leer la sentencia y el voto particular. En todo caso, la independencia judicial no se compromete por las críticas.

-Probablemente los tres magistrados la sentencia sabían que no sería pacíficamente aceptado su criterio, y sin embargo, expresaron lo que consideraron adecuado a la ley, lo cual es signo de independencia. Pero si se echó de menos el apoyo a los jueces por parte de responsables políticos y las palabras del entonces ministro de Justicia [Rafael Catalá cuando dijo que el juez del voto particular “tiene un problema particular”] fueron muy desafortunadas.

-¿Hay que reformar la ley en los delitos sexuales? ¿Es posible introducir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales?

-En mi opinión, la ley en relación con los delitos sexuales merece una reforma pero hay que hacerla con cuidado. El consentimiento de la mujer ha de ser expreso pero ocurre que en ocasiones se puede inferir de comportamientos o actitudes que manifiestan la voluntad y ahí puede estar el problema, porque la voluntad ha de manifestarse de manera inequívoca.

-¿Habría sido partidaria de solucionar la crisis catalana mediante la negociación política y no el recurso a la vía judicial? 

-No lo sé. La negociación, incluso ahora con la vía judicial iniciada, parece muy difícil. Pero la Constitución ha de respetarse por todos y, en tanto no se modifique, no me parece que pueda negociarse nada políticamente con quien quiere, como poco, la autodeterminación que, hoy por hoy, no cabe en nuestras leyes que obligan a todos. 

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