Multa para un abogado por citar 48 sentencias falsas creadas con inteligencia artificial en Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha multado con 420 euros a un abogado que incluyó hasta 48 citas de sentencias falsas generadas mediante inteligencia artificial en un recurso de apelación. La Sala de lo Penal del TSJC ha considerado esta actuación como contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe, configurándose además como un abuso del servicio público de la Justicia. El importe de la sanción equivale a la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a un servicio de IA jurídica fiable.

Los hechos se produjeron cuando el letrado presentó un recurso de apelación contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Para fundamentar sus argumentos, el abogado utilizó una herramienta de inteligencia artificial generalista, no especializada en el ámbito jurídico, que le proporcionó referencias a supuestas sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, tras la verificación realizada por la documentalista del TSJC, se comprobó que ninguna de estas citas correspondía a resoluciones o informes reales.

El Tribunal ha acordado además dar traslado de su decisión y de los antecedentes al Colegio de Abogados correspondiente para que, "si procediera, depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir" el profesional sancionado. Esta medida complementaria pone de manifiesto la gravedad de los hechos desde la perspectiva deontológica de la profesión.

Falta de verificación de las referencias jurisprudenciales

Según detalla el auto judicial, el abogado no sometió a revisión ni verificación alguna las citas proporcionadas por la herramienta de inteligencia artificial. El letrado no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente, incumpliendo así el estándar mínimo de diligencia profesional exigible.

La Sala subraya que el profesional "no verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia -señaladamente, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito- para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso". Esta omisión del deber básico de supervisión humana resulta especialmente grave cuando se emplean herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio profesional.

El Tribunal considera que esta conducta vulnera el estándar de diligencia que el Código Deontológico exige al profesional de la abogacía, constituyendo una quiebra del principio fundamental que debe regir el uso de tecnologías en el ámbito jurídico: la supervisión humana constante y efectiva.

Criterio ejemplarizante en la cuantificación de la multa

La Sala de lo Penal del TSJC ha aplicado un criterio ejemplarizante a la hora de cuantificar la sanción económica impuesta al abogado. Los 420 euros de multa representan exactamente la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de inteligencia artificial específicamente diseñada para el ámbito jurídico de las disponibles actualmente en el mercado.

El Tribunal enfatiza que "de haber sido utilizada" una de estas herramientas especializadas, "probablemente hubiera evitado el lamentable resultado que ahora se enjuicia". Esta referencia explícita pone de manifiesto que existen soluciones tecnológicas específicas para profesionales del derecho que minimizan los riesgos de este tipo de errores, y que la elección de una IA generalista resulta insuficiente para garantizar la fiabilidad necesaria.

La decisión de imponer la mitad del importe ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes presentadas por el letrado. En su respuesta a la Sala cuando esta detectó las irregularidades, el abogado admitió los hechos de forma expresa, reconoció su responsabilidad y manifestó un arrepentimiento que el Tribunal califica como "aparentemente sincero". Esta actitud colaboradora y el reconocimiento inmediato de los hechos han pesado favorablemente en la resolución final.

Principio de supervisión humana en el uso de inteligencia artificial

El auto judicial incluye consideraciones importantes sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la práctica jurídica. La Sala enfatiza que no "desconoce ni desdeña" el potencial que estas tecnologías ofrecen para las profesiones jurídicas, reconociendo así su utilidad y las oportunidades que presentan para mejorar la eficiencia del trabajo legal.

Sin embargo, el Tribunal recuerda que el principio de supervisión humana es el eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales que comporten el uso de estos sistemas en el ámbito de la abogacía. El profesional debe entender la herramienta como asistencial y nunca como decisoria, evitando una dependencia ciega del sistema que pueda comprometer la calidad y veracidad del trabajo realizado.

Esta doctrina establece un precedente importante en España sobre la responsabilidad profesional en el uso de inteligencia artificial por parte de los abogados. El caso subraya que la tecnología no exime al letrado de verificar personalmente la información que incorpora a sus escritos judiciales, manteniéndose como único responsable del contenido presentado ante los tribunales.

¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias?

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias constituye el máximo órgano jurisdiccional en la comunidad autónoma canaria, sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo. Con sede en Las Palmas de Gran Canaria, este órgano judicial culmina la organización judicial en el territorio autonómico y ejerce jurisdicción sobre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Entre sus funciones se encuentra conocer de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas por órganos judiciales inferiores de su ámbito territorial, como audiencias provinciales y juzgados. La Sala de lo Penal del TSJC, protagonista de esta resolución, resuelve recursos contra sentencias penales y tiene potestad sancionadora sobre profesionales que incurren en actuaciones contrarias a los principios procesales durante la tramitación de los procedimientos.

¿Pueden los abogados usar inteligencia artificial en España?

La utilización de herramientas de inteligencia artificial por parte de los abogados no está prohibida en España. De hecho, estas tecnologías pueden resultar útiles para la investigación jurídica, la elaboración de documentos y la optimización de tareas administrativas dentro de los despachos profesionales.

No obstante, el ordenamiento jurídico español y el Código Deontológico de la Abogacía establecen que el profesional mantiene siempre la responsabilidad sobre el contenido de los escritos presentados. La inteligencia artificial debe emplearse como herramienta de apoyo, pero nunca puede sustituir el criterio profesional ni la verificación humana de la información utilizada en procedimientos judiciales.

Este caso demuestra que el uso inadecuado de la IA, especialmente sin la debida supervisión y verificación, puede acarrear consecuencias tanto económicas como disciplinarias para los letrados. Los colegios profesionales y los tribunales están estableciendo progresivamente criterios sobre el uso responsable de estas tecnologías en la práctica jurídica.

¿Qué consecuencias tiene citar jurisprudencia falsa?

La inclusión de citas jurisprudenciales falsas en escritos judiciales constituye una vulneración grave de los deberes profesionales del abogado. Además de las sanciones económicas que pueden imponer los tribunales, como en este caso, el letrado se expone a procedimientos disciplinarios por parte de su colegio profesional que pueden derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la suspensión temporal o, en casos extremos, la inhabilitación para el ejercicio.

Desde la perspectiva procesal, la presentación de documentación o referencias falsas puede considerarse un abuso del derecho de defensa y del servicio público de la Justicia. Los tribunales disponen de facultades para sancionar estas conductas mediante multas y para dar traslado a las instancias colegiales correspondientes, tal como ha ocurrido en esta resolución del TSJC.

Además, este tipo de actuaciones compromete la credibilidad profesional del letrado ante los órganos judiciales y puede perjudicar gravemente los intereses de sus clientes, al fundamentar recursos o demandas en argumentos que carecen de respaldo jurisprudencial real, lo que debilita sustancialmente la posición procesal defendida.