Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, aconsejaba no hacer mudanzas en tiempos de desolación. Incontestable sentencia que nos previene acerca del riesgo de la precipitación en la toma de graves decisiones cuando nos vemos sorprendidos por el zarandeo inesperado de una gran dificultad vivencial. Las armas con las que el santo aconseja afrontar dichas circunstancias son una mayor constancia y determinación en nuestros propósitos en los que estábamos al día antecedente a la tal desolación.

Todos estamos estremecidos por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Pero más pronto que tarde, y una vez suturemos las heridas, cada uno retomaremos el rumbo de nuestras vidas comprobando hasta cuánto trasciende para la solución de los problemas comunes afrontarlos desde el compromiso responsable de cada uno. Hoy es un absurdo pretender otro objetivo individual y colectivo. En algún sitio leí que lo obvio se aprecia mejor desde la distancia. Ya habrá ocasión más propicia, que será cuando se disponga de una completa información liberada de adherencias, para que se pueda concluir sobre el modo que se afrontó esta calamidad sanitaria, social y económica, y las decisiones que se tomaron o dejaron de tomar. Por el momento, tan sólo cabe guardar el debido respeto a las víctimas y hermanarnos en el dolor con sus familias.

Desde otra perspectiva, la pandemia del virus que nos azota ha puesto en crisis la respuesta que ante un envite de esta magnitud están llamadas a ofrecer las organizaciones y procesos a través de los que se administran determinados servicios públicos de los que son destinatarios los ciudadanos. En este sentido, resultan dolorosas las importantes debilidades que se perciben del sistema sanitario, no obstante resplandecer la magnífica y valiente entrega del personal hospitalario. Los déficits de previsión y coordinación entre administraciones con competencias concurrentes en sanidad que, al parecer, han lastrado la toma decisiones y dotación de medios, tendrá que ser objeto, entre otros aspectos, de una profunda reconsideración sobre el modo en el que fluye y se comparte la información y los recursos disponibles. 

Menor visibilidad pública están teniendo las consecuencias del test de estrés al que tanto la pandemia como la subsiguiente declaración del estado de alarma y sus prórrogas, están sometiendo a la administración de justicia, tanto en aquello concerniente al ejercicio de la función jurisdiccional -juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado-  como a los medios técnicos materiales y personal propio con los que cuenta dicha administración, así como a la función de los abogados, quienes como actores principales de dicha administración tienen encomendada la defensa de los derechos de los que piden justicia y reparación.

Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que en el ámbito de la administración de Justicia se ha generado una campana de excepcionalidad para la que el sistema no tiene prevista respuestas. Esta delicada situación requiere de todos los que participamos en la administración de justicia a que con ingenio, audacia y generosidad de miras convengamos qué medidas excepcionales concretas son las que ahora, y sin merma de derechos, resultan las más idóneas para volver cuanto antes a la normalidad. Así, y entre otras iniciativas, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público un primer documento de medidas para el plan de choque tras el estado de alarma, plan previsto en el decreto que declaró tal estado. Un meritorio esfuerzo de más de cuatrocientas páginas fruto de esta situación excepcional y sin precedentes que supone el estado de alarma.

Este importante documento transita por cuestiones organizativas y materias jurisdiccionales, discriminando la urgencia con la que, en cada caso, se propone que las medidas se vayan adoptando, alguna de ellas de más que posible inmediata adopción por su evidente eficacia y fácil viabilidad. Pero este mismo documento también destila la indisimulada contrariedad del Poder Judicial ante distintas situaciones ajenas a la excepcionalidad que vivimos y la respuesta precisa para la vuelta a la normalidad. Si esta normalidad está narcotizada por hábitos y la inercia por la falta de resolución de los males que la aquejan, -como bien es sabido que así es-, éstos deberán ser diagnosticados con franqueza y remediados con determinación, desde el matiz y la contención propias de la normalidad, pero no desde la premura que exigen las necesidades estrictas derivadas de la excepcionalidad de esta crisis.

Dada la situación actual no es legítimo que, a modo de “myse en abyme”, se pretenda aprovechar estos tiempos de desolación para fijar el objetivo en promover aceleradamente reformas legislativas de hondo calado ni la adopción de medidas desproporcionadas que tensionan el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa de los ciudadanos, quienes lejos de pensar en las vacaciones viven abrasados por el confinamiento, angustiados por el miedo al desempleo, la pérdida de sus negocios y las incertidumbres económicas que se barruntan.

Los abogados no es que andemos por ahí, es que estamos en la administración de la justicia. La actual encrucijada, aunque lamentable, brinda la oportunidad de que se nos escuche y perciba no de otro modo sino como un colectivo integrado en una única comunidad, aunque plural, al servicio de los ciudadanos e igual de responsables en su buena administración. Esta es una ocasión para que, liberados de prejuicios, se aumenten las simpatías recíprocas y enriquezcan los respectivos quehaceres de quienes servimos a los ciudadanos que demanda justicia, con nuevas prácticas y comportamientos que reemplacen otros simplemente raros.