Aznalcóllar es un pueblo de poco más de 6.000 habitantes de la provincia de Sevilla, en las estribaciones de Sierra Morena, en la parte más oriental de la conocida como “Faja Pirítica”, la más productiva zona minera del Sur de España, ya desde la época de los romanos. Su riqueza fundamental está, pues, en su subsuelo. Sin embargo, hace ya más de veintidós años, el 25 de abril de 1998, ese subsuelo le jugó una mala pasada, cuando se produjo la rotura de la balsa de residuos de la mina que entonces gestionaba la multinacional Boliden, originando uno de los mayores desastres ambientales de la historia de Andalucía y de toda España.

Desde entonces, Aznalcóllar no ha levantado cabeza. Y a esa situación de letargo han contribuido en buena medida los procesos judiciales que se han abierto por los tribunales, pero que nunca se han cerrado. Ciertamente los retrasos de la Administración de Justicia de Sevilla han sido en buena medida responsables de la desesperada situación económica que sufre la comarca, acumulando retrasos y frustraciones que tienen a los aznalcolleros sumidos en la pobreza y la desesperación.

En particular, han de destacarse tres procesos judiciales todavía abiertos 22 años después.

En 1998 se produjo la rotura de la balsa de residuos de la mina. En 2020, 22 años después, tras un desesperante peregrinaje jurisdiccional que llevó la cuestión hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el mismo Juez de Primera Instancia a quien le correspondió el asunto desde casi el principio, todavía no ha fallado quién debe responder económicamente por aquel daño. Una generación después, los casi 90 millones de euros que costó aquel desastre a las arcas públicas andaluzas siguen sin decidirse quién los tiene que pagar. Desde luego, 22 años puede ser un auténtico record (negativo) para la Justicia en España.

En 2005 la empresa que gestionaba la mina, Boliden, se declaró en concurso de acreedores. En 2020, 15 años después, el juez de lo Mercantil sigue sin resolver quienes son responsables de la insolvencia de esa empresa. Es más, los administradores concursales pretendieron y obtuvieron el embargo de la multinacional en Suecia por importe de casi 150 millones de euros pero la Audiencia Provincial de Sevilla anuló hace ya años ese embargo, para satisfacción de los intereses económicos de la multinacional. La constatación de que la Justicia Mercantil no ha sido capaz de finalizar aún, tras 15 años, el concurso de acreedores de la filial de una de las más importantes multinacionales mineras da idea de las limitaciones de nuestro sistema judicial.

En 2015 la Junta de Andalucía resolvió el concurso internacional que convocó para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, adjudicándola a una de las principales empresas del sector, que la explotaría a través de su filial “Minera Los Frailes”. Sin embargo, los diversos procesos judiciales de impugnación iniciados por “Emerita Resources”, una empresa de muy reducida dimensión que resultó perdedora en el concurso de adjudicación, han venido impidiendo de facto la reapertura de la mina. Impugnaciones realizadas en paralelo ante el Juzgado de Instrucción y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Y aunque la Fiscalía y la juez de Instrucción han señalado reiteradamente que no existió ningún delito en la adjudicación de la mina, las dos veces que la empresa perdedora ha acudido a la Audiencia Provincial, la magistrada Mercedes Alaya ha dispuesto que continúe la investigación, lo que ha impedido la reapertura de la mina y el comienzo de las contrataciones masivas de trabajadores. Una instrucción judicial que se acerca ya a su sexto año y que está impidiendo que se inviertan más de 300 millones de euros y se creen 5.000 empleos.

Desde el pueblo de Aznalcóllar y desde el propio sector minero entienden que, en un tiempo que debe venir marcado por darle prioridad a la reconstrucción económica, resulta muy inconveniente tanta tardanza judicial.n econ