Opinión

Credibilidad. Sobre la sentencia del “procés”.

  • El autor, magistrado de la Audiencia de Sevilla, reflexiona sobre la sentencia del "procés", la reacción de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial

Conrado Gallardo. Magistrado. Miembro de Foro Judicial Independiente Conrado Gallardo. Magistrado. Miembro de Foro Judicial Independiente

Conrado Gallardo. Magistrado. Miembro de Foro Judicial Independiente

No voy a valorar la denominada sentencia del “procés”. Por dos razones: porque no la he leído, ni pienso leer un tocho de casi 500 páginas en mi tiempo libre, cuando mi trabajo consiste precisamente en dictar sentencias; y, sobre todo, porque siempre he defendido que no es ético, ni decente que un Juez escriba artículos valorando lo que ha hecho otro Juez. Es artificial separar la condición de Juez de la de ciudadano cuando se habla de cuestiones jurídicas, por lo que se enviaría un mensaje a la sociedad del tipo “si me hubiera tocado a mi lo hubiera hecho mejor” que no contribuye precisamente a generar confianza en la Justicia. Un Juez sólo debe pronunciarse a través de sus resoluciones sobre los asuntos que le han correspondido.

De lo que si puedo hablar es de algo tan pernicioso para la democracia como la actitud de desprecio a la Ley y a la convivencia que mantiene una parte importante de la población y gobernantes en Cataluña: la mayoritaria opinión ciudadana de que los Magistrados han tenido en cuenta los deseos del Gobierno o las implicaciones políticas de lo que han de resolver.

Lo relevante no es que sea o no realmente cierto, lo grave es que muchos ciudadanos creen que esto es así. No hay democracia si no se respeta la Ley. El Estado ha de ser democrático y de Derecho. No hay Estado de Derecho sin una Justicia independiente y eficaz. Y la independencia exige no sólo que se den las condiciones adecuadas para que los Jueces puedan desarrollar su trabajo sin presiones, es decir, que sea real, sino que también precisa que los ciudadanos crean en esa independencia y confíen en sus Jueces.

La desconfianza ciudadana la ha generado en primer lugar una unanimidad que se percibe forzada. Toda la unanimidad es tonta, decía el periodista y dramaturgo brasileño Nelson Rodrigues. Realmente no parece muy inteligente llegar a una solución que no ha convencido a casi nadie para que haya unanimidad. Debatiéndose unos hechos complejos y difíciles de encajar en unos tipos penales por otra parte sumamente defectuosos, no es creíble que siete Magistrados estén de acuerdo en todo y acepten la posición más artificial de las acusaciones formuladas.

Pero sobre todo los ciudadanos perciben que la cúpula del sistema judicial está politizada. En España la Justicia tiene innumerables problemas: faltan jueces, faltan medios y la estructura judicial es completamente anticuada y caótica. Funciona a duras penas sólo gracias al esfuerzo de miles de Jueces anónimos que tratan de suplir, en la medida de lo posible, sus deficiencias. Pero más aún que la falta de eficacia, daña la confianza en la Justicia que el Consejo General del Poder Judicial, diseñado por la Constitución para gobernar con independencia a los Jueces, nombrándolos, garantizando su independencia y corrigiendo a quien se desvíe, desde el año 1985 está fuertemente politizado. Lo integran 8 vocales políticos y 12 jueces elegidos por los políticos, siempre con perfiles acomodaticios con los intereses de los que los nombran. Este órgano es quien designa, entre otros cargos, a los Magistrados del Tribunal Supremo y tengan o no los candidatos méritos y capacidad, existe la impresión de que tiene más importancia el sesgo ideológico del candidato, en un sentido o en otro.

Estamos a tiempo de rectificar, pero es importante que lo hagamos ya. Debe volverse al sistema querido por la Constitución de que se elijan democráticamente los vocales judiciales por los gobernados, los Jueces, y que los vocales no judiciales se elijan con criterios políticos, si no profesionales. Y hay que reformar profundamente además el sistema de designación de los altos cargos judiciales. Está en juego la democracia.

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