El monumental lío que se ha montado en Sevilla con la sentencia de la filtración de las oposiciones de 2012 ha dado esta semana un nuevo giro, y quizás casi definitivo, después de que la juez haya ordenado al Ayuntamiento ejecutar el fallo que obliga a cesar a 44 policías locales. La magistrada de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, Nuria Marín, que en su día dictó la sentencia que anuló las oposiciones y acordó repetir la prueba del caso práctico, no ha hecho más que cumplir con la función jurisdiccional que la Constitución encomienda a los jueces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De lo contrario, las sentencias quedarían como un mero elemento decorativo. Para enmarcarlas, pero complentamente inútiles.

Nada puede objetarse, por tanto, a la decisión de la juez, que no ha dudado en recordar que en estas polémicas oposiciones "se produjeron irregularidades invalidantes: no se respetaron todas las garantías para preservar los principios de mérito y capacidad así como el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". Para la juez, está claro que "el contenido del examen pudo ser conocido y fue conocido por algunos opositores aprobados o no aprobados, con anterioridad al momento en que aquel había de tener lugar, produciéndose así una alteración ilícita en el desarrollo del proceso de la oposiciones que benefició a los referidos opositores que obtuvieron puntuación más alta en el turno correspondiente, con evidente perjuicio antijurídico para los demás que se presentaron al examen".

En los dos autos dictados esta semana y que ha adelantado este periódico -en el primero acuerda continuar con la ejecución de la sentencia, y en el segundo ordena al Ayuntamiento que fije ya la fecha para la repetición del examen-, la juez ha rechazado de plano los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos municipales y de las defensas de los agentes para no ejecutar la sentencia, alegando el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana de la ciudad por la repercusión en una plantilla policial bastante mermada y en la que, según el alcalde, José Luis Sanz, hacen falta 500 efectivos. 

Esta postura del Ayuntamiento, sin embargo, no fue la que se planteó inicialmente, dado que en julio pasado, cuando Sanz llevaba tan sólo unas semanas en el gobierno local, comunicó al juzgado que había comenzado la ejecución de la sentencia y fijó incluso la repetición del examen para el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento envió un escrito el 7 de septiembre planteando el incidente de inejecución de la sentencia. 

El responsable de Recursos Humanos citó asimismo las repercusiones del cese como funcionarios de carrera de los policías locales afectados, que supondría, "una vez transcurridos más de diez años desde el nombramiento de los mismos, graves perjuicios económicos y familiares para todos/as los/las Agentes que obtuvieron plaza en el procedimiento (cargas familiares, préstamos hipotecarios, préstamos personales, etc). Así como la dificultad de los mismos de reincorporarse al mercado de trabajo".

La lentitud de la Justicia hace que la repetición del examen se plantee once años después

Y tiene razón porque este caso, en el que todos los aspirantes tenían derecho a examinarse en las mismas condiciones y sin que se filtrara el examen, la lentitud de la Justicia hace que se intente resolver la repetición de las oposiciones más de once años después de que éstas se celebraran, cuando estos agentes han encauzado sus vidas como funcionarios policiales, por lo que es evidente que su destitución le acarrearía esos graves perjuicios citados por el responsable municipal.

Afectará a todos los agentes, incluidos los que permutaron su plazas y los que ascendieron a oficial

Ahora bien, una de las defensas alegó incluso que de los 44 agentes afectados por la repetición de la prueba sólo 17 de ellos estuvieron imputados en la causa penal que acabó en la absolución de los 45 acusados que se sentaron en el banquillo por el amaño de las oposiciones, si bien es cierto que más allá de aquella sentencia las sospechas se extienden a todo el proceso de las oposiciones.

De hecho, la juez ha dejado claro en los autos en los que mantiene la ejecución de la sentencia que la repetición afecta a todos los agentes que participaron en aquel proceso selectivo, incluidos los que permutaron sus plazas por las de otros agentes destinados en otras provincias y también a aquellos agentes que han promocionado a la categoría de oficial. Ninguno se librará en principio de tener que examinarse de nuevo.

Lo que también parece evidente es que el litigio todavía puede prolongarse durante meses o incluso años, puesto que los dos autos de la juez pueden ser -y de hecho lo serán- objeto de recurso por las defensas de los 44 agentes e incluso, según dijo el alcalde, el Ayuntamiento también está estudiando recurrirlos si hay posibilidad de hacerlo.

El caso volvería de esta forma a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que la última palabra aún no está escrita y ésa es también la última esperanza que tienen los 44 agentes y sus familias para evitar su destitución, todo ello después de que incluso se comentara que estaban intentando alcanzar un acuerdo económico para indemnizar al opositor que había denunciado el caso. Sea como fuere, lo que resulta evidente es que en este caso se cruzan dos elementos igualmente poderosos: la defensa de la legalidad y del mérito en el acceso a la función pública, y el drama los 44 policías.