Absolución total. El juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, ha notificado este miércoles la sentencia por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local, en la que ha acordado la absolución de los 45 acusados -37 de ellos policías locales-, que se enfrentaban a penas de inhabilitación y al pago de multas por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y cohecho.

En la sentencia, que tiene una extensión de 238 folios, el juez no niega la filtración del examen de las oposiciones, sino que considera que no ha quedado acreditado que los miembros del tribunal tuvieran "un concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla [de corrección] a determinados opositores para que éstos aprobaran el proceso selectivo". El magistrado reconoce que es cierto que algunos de los procesados sí han podido tener dicha plantilla con carácter previo al examen.

Algunos de los acusados sí han podido tener la plantilla antes del examen

37 policías juzgados entre los 45 procesados

Entre los 45 acusados hay 37 policías locales que eran sospechosos de tener acceso a los exámenes antes de las pruebas. El resto son los miembros del tribunal, cuyo presidente era el superintendente de la Policía Local Juan José García, y en el que había otros agentes veteranos y componentes del sindicato mayoritario, el Sppme. También hay dos funcionarios investigados, así como el delegado de la empresa que surte de material a la Policía Local, cuyo hijo accedió al cuerpo en las oposiciones.

La Fiscalía de Sevilla había solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos para el superintendente de la Policía Local Juan José García por el fraude de las oposiciones, en el que están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. El Ministerio Público reclamaba para estos agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

El Ministerio Público pedía además que se declarasen nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de delitos de prevaricación y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, y reclamaba que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad" respondieran todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, que según la Fiscalía debía ser declarado responsable civil subsidiario.

El juez de lo Penal 10, David Candilejo, que ha dictado la sentencia.

El Ministerio Público solicitaba la misma pena de multa de 5.400 euros y de 13 años de inhabilitación para otros miembros del tribunal y un funcionario del Ayuntamiento –que no intervino en la filtración de la plantilla pero “tuvo suficientes elementos para sospecharla, pero no formuló objeción alguna” que han sido procesados.

La Fiscalía explica en su escrito de acusación, que al final del juicio elevó a definitivo, que entre las personas que aprobaron se encontraban el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente y un sobrino suyo, pese a lo cual “no se abstuvo de participar” en el proceso de las oposiciones, en el que actuó como presidente del tribunal calificador. Según la Fiscalía, la misma causa de abstención concurría en un vocal suplente, que es miembro de la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla y había compartido “muchos años” de labores sindicales con el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), cuyo hijo figuraba entre los opositores.

Para este sindicalista procesado, la Fiscalía exigió además dos años de prisión por un delito de cohecho, después de que en febrero de 2014 fuese invitado al Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) por el empresario que suministraba el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013, y cuyo hijo también fue uno de los aspirantes supuestamente beneficiarios de la filtración. La misma pena de dos años de cárcel se solicitaba para el empresario que suministraba la ropa a los policías locales.

Decía la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.

Una imagen de la primera sesión del juicio, que arrancó en septiembre de 2018.

Según el Ministerio Público, para “garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Con respecto a las oposiciones de 56 plazas, la Fiscalía señala que a la misma concurrían determinados aspirantes a los que, “por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar [por parte del superintendente y otro acusado], con independencia de sus méritos y aun cuando dicha resolución fuera injusta”.

El Ministerio Público explica que el papel en este caso de dos funcionarios del Ayuntamiento procesados consistía en “hacer la vista gorda a las irregularidades que cometieran y consentir no sólo con su silencio pasivo las mismas, sino incluso colaborar con ellas de modo activo, facilitando a los acusados, con anticipación suficiente, las preguntas y respuestas que ambos iban a formular en el cuestionario tipo test”.