Un abogado sevillano sigue su particular batalla legal tras una década como "presunto delincuente"

Diez años, tres meses y 26 días. La cuenta la lleva muy bien el abogado Francisco Tejado Vaca. Este es el tiempo que ha tardado en demostrar su inocencia, tras haber sido juzgado por un delito societario relacionado con la gestión de un mercado de abastos, hechos de los que fue recientemente absuelto por la Audiencia de Sevilla. Ahora, el letrado ha seguido con su particular batalla legal y ha presentado una reclamación por "funcionamiento anormal de la Justicia", en la que reclama una indemnización de 90.000 euros por el daño causado por la "pena de banquillo" que ha sufrido todo este tiempo.

El letrado relata en un escrito presentado ante el Ministerio de Justicia que su calvario se inició en el año 2015, cuando fue denunciado por un delito societario relacionado con la gestión de un mercado de abastos de Sevilla. Tras una instrucción que no duda en calificar de "inquisitorial", digno de una "novela negra kafkiana" y en la que se vulneró constantemente su derecho de defensa, Francisco Tejado fue inicialmente condenado por un juzgado de lo Penal a pagar una multa de 3.600 euros y a indemnizar a la cooperativa de dicho mercado con 20.584,24 euros. La acusación particular había pedido una condena de tres años de prisión para el abogado.

El abogado apeló esta condena ante la Audiencia de Sevilla, cuya Sección Séptima estimó íntegramente su recurso y lo absolvió de todos los cargos, lo que ha llevado ahora al letrado a emprender esta acción de reclamación patrimonial por la "grosera vulneración" de derechos fundamentales. Para Francisco Tejado, no sólo fue víctima de esa instrucción "totalmente inquisitorial" en la que se vulneró su derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, a un procedimiento justo y con todas las garantías y sobre todo sin dilaciones, sino que ha tenido que "sentarse en el banquillo acusado como presunto delincuente", una situación que se ha prolongado durante más de una década.

El calvario del letrado se inició el 25 de febrero de 2015 cuando se presentó, según recoge en su escrito, una "torticera, ilegal, dolosa y delictiva denuncia" por parte del mercado de abastos para el que había prestado servicios profesionales. Esa denuncia, que el abogado dice que estaba firmada por un procurador que "a la sazón es hijo de un magistrado compañero de la instructora", acabó en un juicio celebrado en un juzgado de lo Penal, donde "se produjo la agravación, de forma extremadamente injusta, de lo que en la instrucción se había producido", por cuanto se rechazaron sus peticiones de nulidad y práctica de pruebas, y se le impidió "por parte de la juzgados, constantemente, realizar preguntas pertinentes en su defensa, llegando a declarar, de forma groseramente contraria a derecho, la impertinencia de muchas de ellas", vulnerando una vez más sus derechos, insiste el letrado.

"La Justicia soy yo"

Esas irregularidades, explica el abogado, habían comenzado en la propia fase de instrucción, donde ni siquiera le facilitaron la copia de la grabación de su declaración y la de un testigo, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones. "La actuación del juzgado instructor no fue la más conforme a derecho, porque rechazó de forma ilegal, la Justicia soy yo, las pruebas que proponía, y mediante las que intenté acreditar que nunca fui administrador de hecho, y que todas mis decisiones en la gestión que realizaba siempre, siempre, siempre, fueron aprobadas por las Asambleas y/o el Consejo Rector de la cooperativa", asevera.

No fue hasta la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla cuando el tribunal concluyó que "no cometió ningún delito". La Sala llega a la conclusión de que el letrado no era el "administrador de hecho" de la sociedad, como le atribuían los denunciantes, porque aunque era el gestor contratado por la cooperativa y aunque los testigos apuntaban a que llevaba todos los asuntos de la sociedad, "cabría cuestionarse la condición de administrador de hecho que se le atribuye, a consecuencia de la naturaleza que tienen las sociedades cooperativas, que cuentan con la figura del Consejo Rector", que es el órgano colegiado de gobierno de una cooperativa y al que legalmente corresponde la "alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad".

El abogado tiene claro que si no se hubieran vulnerado sus derechos, el proceso habría seguido un designio totalmente distinto. "Si se hubiesen practicado las pruebas, testificales, documentales, etc., no se me habría acusado de delincuente durante diez años, ni tampoco se me habría condenado a la pena de banquillo. Ni sometido a un juicio que, lo mismo que la instrucción, fue totalmente inquisitorial".

En la demanda, Tejado concluye que el procedimiento se dilato de forma indebida, desarrollándose durante más de diez años sin que "en su tramitación se hubiesen practicado diligencias que, por su número o complejidad, hubiesen justificado tan extraordinaria dilación, ya que las únicas practicadas fueron la declaración como imputado de este reclamante y el interrogatorio de un testigo de la acusación, y la unión de un documento". Se tramitaron además siete recursos de reforma y siete de apelación, en los que "demostraba que llevaba toda la razón en lo que se recurría, pero todo, el pan y la sal, me fue denegado de forma sistemática, sin motivar de forma adecuada ni razón que lo justificase".

Por todo ello, reclama más de 90.000 euros de indemnización, de los cuales 35.000 son por la vulneración del derecho de defensa en la fase de instrucción y en el juicio, otros 45.000 por las dilaciones del proceso, 10.000 más por el daño moral causado, y 434,58 euros por los gastos de la procuradora.