La muerte de un joven durante un arresto en Mairena

El juez da carpetazo a la causa de los dos guardias por la muerte de un detenido en Mairena

Investigan la muerte de un hombre tras ser reducido por la Guardia Civil en Sevilla

Los dos guardias civiles que detuvieron a un hombre en Mairena del Aljarafe en septiembre de 2022 actuaron de manera "justificada" y emplearon los mecanismos "proporcionales" para su reducción. Ésta es la principal conclusión a la que ha llegado el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, que ha decidido archivar la investigación por un delito de homicidio imprudente contra dos guardias civiles.

En un auto dictado el pasado lunes, 6 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, el instructor descarta que los dos agentes que participaron en la reducción de Carlos B. G., de 37 años, hayan incurrido en un delito de homicidio imprudente, como sostenía la acusación ejercida por la familia del joven. "De lo actuado en la fase instructora no se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad contra los guardias civiles denunciados, que permitan entender que su intervención desplegada desde el momento que acuden a la llamada de los padres del fallecido, hasta la reducción de Carlos B. deba ser calificada de antijurídica, y exista nexo de causalidad con el resultado de óbito acaecido", asevera el magistrado.

Así, el juez analiza todos los hechos que se produjeron la tarde del 12 de septiembre de 2022 en el domicilio de la víctima y, en primer lugar, subraya que la presencia de los agentes era "justificada y oportuna" debido al episodio de violencia doméstica que estaba protagonizando Carlos B. G. con respecto a sus padres y, de la misma forma, sostiene que la reducción del joven estaba "igualmente justificada" y es "congruente" dado que la víctima estaba muy agresiva, llegando a lanzarle a los agentes dos martillos y una llave de cambio de ruedas, al tiempo que se dirigió a los guardias diciéndoles "ahí os quería yo ahora... os váis a enterar".

En el auto, el magistrado recuerda igualmente el informe de autopsia realizado por dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que descarta precisamente que la muerte se debiera a la actuación de los agentes que lo redujeron. El consumo de cocaína, cannabis y alcohol es la causa que provocó la muerte, sostuvieron los forenses en el informe. La autopsia concluyó que la muerte de Carlos B. G. se produjo como consecuencia de una "encefalopatía hipóxico-isquémica post-parada en el contexto de un Síndrome de Delirium Agitado (SDA) inducido por cocaína". El fallecido había consumido cocaína y cannabis y presentaba una tasa de alcoholemia de 1,06 gramos por litro, por lo que presentaba "al menos una intoxicación etílica aguda moderada", según recoge el informe de autopsia.

Para el instructor, los mecanismos empleados por los dos guardias civiles para lograr su reducción -que duró exactamente 55 segundos- "deben ser calificados de proporcionales a la situación física del detenido y al grado de violencia esgrimido, y de procedentes a los fines pretendidos", por lo que "no existe una relación de causalidad" entre la intervención de los agentes y el fallecimiento. "Es en esta situación creada por el fallecido en la que se ha originado la situación de riesgo y su desafortunado desenlace, donde se rompe el nexo causal entre el hecho de la detención y el daño producido, loq ue conduce según la teoría de la causalidad adecuada a entender la inexistencia de relación causa-efecto, y por ello de indicios de antijuricidad en la conducta desplegada por los agentes denunciados", añade.

Rompió la vitrocerámica de un golpe

En el auto, el magistrado realiza un relato pormenorizado de los hechos acaecidos en la tarde del 12 de septiembre de 2022, cuando alrededor de las 19:00 horas, Carlos B. G. se personó en el domicilio familiar, en que vivía junto con sus padres, en un "estado agresivo y con una actitud violenta, golpeando la puerta de la calle repetidamente y con fuerza, hasta que consiguió entrar en el domicilio".

Una vez dentro, acometió físicamente a su padre, "causándole lesiones en el costado y en un brazo; golpeó con una mano la vitrocerámica de la cocina, hasta llegar a partirla, originándose una lesión sangrante en dicha mano, para posteriormente clavar un cuchillo en un mueble de la cocina".

Cuando llegaron los dos guardias civiles, alertados por el padre y por una vecina, el joven comenzó a golpear con un martillo la cancela exterior del domicilio y les dijo a los agnetes que salieran "que los iba a matar". A continuación les lanzó a los guardias un primer martillo, que los agentes lograron esquivar, a lo que siguió el lanzamiento de un segundo martillo y de una llave de recambio de la rueda de un vehículo.

El joven fue requerido verbalmente para que depusiese su actitud, sin llegar a conseguirlo. "Carlos intentaba golpear a los guardias y estos se iban retirando guardando cierta distancia. Seguidamente los agentes sacaron sus defensas extensibles, si bien, ante la persistencia de la actitud agresiva, hicieron uso de las mismas, golpeándolo en los brazos y las piernas en varias ocasiones, llevándolo al suelo y colocándolo en posición decúbito prono".

En ese momento los agentes comenzaron a reducirlo durante "55 segundos" hasta que la víctima "cesó de forma repentina en su agresividad, quedando inconsciente, por lo que los agentes lo giraron para colocarlo en decúbito supino y comenzaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar básica" que siguieron hasta la llegada de otra patrulla, "a la vez que solicitaban de inmediato y con la máxima urgencia la presencia de servicios médicos". Los sanitarios estuvieron 25 minutos practicándole un masaje cardíaco hasta que consiguieron ritmo sinusal en el paciente, con pulso, y se procedió a su traslado al hospital San Juan de Dios de Bormujos, donde el paciente evolucionó a muerte cerebral y falleció una semana después, en concreto, el 19 de septiembre.

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