Nueva polémica en torno al planeamiento urbanístico del centro de Sevilla. ¿El antiguo edificio de la Comisaría de la Policía Nacional en la Plaza de la Gavidia debe tener un uso para equipamientos socioculturales u hoteleros, o preservarse como espacio para la memoria histórica o democrática?

El Ayuntamiento ha apostado por los primeros en la venta del edificio, pero al final será un juez quien tendrá que pronunciarse sobre el mismo, dado que un grupo de activistas y algunas personas que sufrieron torturas en dichas dependencias policiales han presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que impugnan el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que el 19 de septiembre de 2019 aprobó la modificación puntual del PGOU que permitía la enajenación del inmueble para esos usos.

La demanda ha sido presentada por el abogado Francisco Tejado, que representa a la red de defensa por una Gavidia Pública, la red de activistas de IU y a algunas personas que sufrieron la actuación policial en esta comisaría, y en la misma se plantea la nulidad de ese acuerdo del Consistorio, al estimar que se han vulnerado “determinadas reglas esenciales del procedimiento” y al mismo tiempo no constan “documentos e informes que debieron existir”.

En el recurso, al que ha tenido acceso este periódico y que fue presentado el pasado jueves, estos colectivos concluyen que la modificación urbanística aprobada “no tiene basamento legal al ir contra los principios en los que se basa el urbanismo actual”.

Entre las deficiencias, los demandantes sostienen que el Ayuntamiento no era competente para la modificación del PGOU, sino que ésta debía haberse realizado por la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en cuanto a que la medida acordada “constituye una verdadera revisión del instrumento de planeamiento”, por lo que estaríamos ante una “revisión encubierta del PGOU” y, en este sentido, añade que en cualquier caso se debió de haber acordado un “segundo trámite de información pública”.

Los recurrentes destacan igualmente que en la tramitación del expediente se omitió solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía el “preceptivo y vinculante informe” que establece el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), dado que el objeto era la modificación puntual de la calificación de la parcela de la antigua comisaría, pasando de Sistema General de Equipamiento SIPS “a la que se ha otorgado de gran superficie comercial”, por lo que el expediente está viciado de una nulidad radical”.

La modificación del PGOU es “meramente especulativa y económica”, sostienen

La principal queja de la demanda está en que el cambio de uso de los suelos, a juicio de los recurrentes, tiene una finalidad “meramente especulativa y económica”, ya que se pretende vender los terrenos “para la apertura de otro hotel más, éste de cinco estrellas”.Y esto haría que la situación de la movilidad en Sevilla, “ya de por sí muy deficiente, se vería seriamente agravada, en una zona acústicamente saturada, con la apertura de un hotel como está proyectado en la parcela de la antigua comisaría de la Gavidia”.

Así, recuerda que en Sevilla están actualmente “proyectados” la construcción de 23 nuevos hoteles ampliando en más de 2.800 plazas las ya existentes; los últimos establecimientos anunciados en la Plaza de San Francisco y en la calle Tetuán, con lo que estas plazas “se incrementarían de forma muy importante que harían que la sostenibilidad de la ciudad, así como su movilidad, fuesen más deficientes e insostenibles de las que en el momento actual lo son”.

Frente a este nuevo equipamiento hotelero, denuncian que en el casco histórico sólo se encuentran en funcionamiento “dos centros de salud, dos centros cívicos y siete educativos (dos institutos y cinco colegios)” y ninguno de los centros cívicos está dedicado a la atención de personas mayores –como centro de día– ni de atención a las mujeres maltratadas, lo que hace que la zona sea “deficitaria” en estos equipamientos.

Se trataría, por tanto, de una modificación del planeamiento urbanístico que “va contra los intereses generales”, para “vender la parcela para un hotel de 5 estrellas, cuando en el casco antiguo existe un exceso de plazas hoteleras, y sin que sea de recibo un trueque en los espacios para dotaciones”.

Tras analizar todas estas cuestiones a lo largo de 64 folios, los demandantes señalan que la antigua comisaría de la Gavidia está catalogada como un lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, según la ley 2/2017– y “en esa situación y determinación deberá seguir”.

El Ayuntamiento, prosiguen los recurrentes, “trata de justificar” la modificación de la calificación de los suelos y facilitar su venta en que el edificio está en una situación de deterioro y se han realizad elevadas inversiones que hacen inviable su sostenimiento, pero el Ayuntamiento cuando recibió el inmueble en el año 2006 por parte del Ministerio del Interior “tenía el deber de conservarlo y mantenerlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores conforme al artículo 27 de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”.

La "dejadez" del Ayuntamiento favoreció el "abandono" del edificio

La demanda culpa de “dejadez” al Ayuntamiento, por haber favorecido el “estado de abandono y desuso impropios par aun edificio catalogado”, y considera que esta actuación “debe incurrir en un proceso de investigación hacia los responsables municipales y no caer sobre la población dejando reducidos sus espacios dotacionales”. Citan los recurrente un informe de 2009 de la Gerencia de Urbanismo que cifraba en 3,8 millones el importe de la rehabilitación, y otro de 2016 que calculaba el coste en 1,08 millones, ambas cantidades sin IVA, lo que dejaría el inmueble en condiciones aptas para el uso de ciertos espacios y la introducción de acciones que generaran beneficios.

La decisión municipal “destruiría un símbolo de la memoria histórica”, explican los recurrentes

Por último, consideran que la decisión municipal destruiría un “símbolo de la memoria histórica e iría en contra de lo que a nivel ocurre con los lugares de ejecución, reclusión y muerte que en la negra historia del mundo ha ocurrido. Y buena prueba de ello es que tanto el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, como el de Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrück, Dachau y la escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, siguen existiendo actualmente para que a la humanidad no se le olviden los crímenes contra la humanidad que en dichos lugares se ejecutaron”, concluye el abogado Francisco Tejado.

El letrado recuerda la frase del filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz que figura en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz: "Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo".