Juicio de los ERE

La prueba estrella

  • Tras siete meses de sesiones, el juicio de los ERE entra en una fase decisiva con el debate sobre los informes periciales, que algunos vaticinan que será espectacular pero excesivamente técnico

El banquillo de los acusados, en una sala de la Audiencia de Sevilla. El banquillo de los acusados, en una sala de la Audiencia de Sevilla.

El banquillo de los acusados, en una sala de la Audiencia de Sevilla.

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Una vez completadas las declaraciones de los acusados y de los más de 120 testigos y tras siete meses de sesiones, el juicio de los ERE entra esta semana en una fase decisiva y de las de mayor trascendencia para el proceso. En un juicio de una elevadísima complejidad técnica como es el de los ERE, los informes periciales son fundamentales a la hora de instruir al tribunal sobre la materia.

La Sección Primera de la Audiencia ha decidido que esta prueba se desarrolle de forma conjunta, con lo que a partir del próximo martes nueve peritos –tres de ellos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe oficial encargado por el juzgado y el resto propuestos por las defensas del ex presidente José Antonio Griñán y de los ex consejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo– se someterán en primer lugar al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y después al resto de acusaciones y defensas.

Hay quien vaticina ya que la prueba será “espectacular” tanto por la naturaleza del combate técnico que se va a desarrollar como por la preparación de los peritos propuestos por las defensas para contrarrestar las tesis acusatorias. Todos los informes de las defensas han sido realizados por reputados catedráticos de disciplinas muy diversas y llegan a conclusiones radicalmente opuestas a las de la IGAE. De ahí que algunos letrados consideren que el debate será muy interesante pero a la vez, como ya ocurriera con determinados interrogatorios de algunos de los acusados y de los testigos que han rendido testimonio en la vista oral, las sesiones se volverán eminentemente técnicas, como si de un máster en Derecho Presupuestario o Administrativo se tratase.

Además de los tres peritos de la IGAE –Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca–, han sido los otros peritos propuestos por las defensas, entre ellos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, catedráticos de Derecho Financiero y Tributario que elaboraron un informe a instancias de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán; Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid; José Ignacio López González, propuesto por la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y Juan Carlos Carrillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera, a propuesta de la ex consejera de Economía.

La IGAE acusa a Griñán, Magdalena Álvarez y Aguayo de no actuar ante las irregularidades

Los peritos de la IGAE concluyen que Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, y las también titulares en su día de este departamento Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron las “medidas necesarias para evitar las irregularidades”. Estos peritos sostienen que el uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas era “inadecuado” e “improcedente” y que las subvenciones se concedieron con la absoluta ausencia de procedimiento legal, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.

Por su parte, los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago llegan a conclusiones completamente diferentes a las de los peritos que realizaron su análisis por encargo del juzgado. Para empezar, defienden que las transferencias de financiación son un “instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado para financiar la actividad del IFA/IDEA” y aseguran que fue el Parlamento andaluz quien decidió que las mismas fuesen la “figura presupuestaria adecuada para implantar la política de ayudas sociolaborales” que se pretendía llevar a cabo, de modo que “no se puede mantener que la inclusión de la partida 31L [conocida como el fondo de reptiles] sobre la que se discute en las leyes de Presupuestos fuera inadecuada o improcedente, como pretende el informe de la IGAE”.

Según estos expertos, las transferencias no son más que uno de los “expedientes técnicos que las Administraciones públicas emplean para dotar de fondos a determinados entes instrumentales como IFA/IDEA, de manera que nada extraño ni irregular existe en su empleo”.

También rechazan los peritos que las ayudas puedan calificarse como subvenciones a empresas, pues “las prestaciones en que consisten dichas ayudas no sustituyen, ni eximen, ni liberan a las empresas de su obligación indemnizatoria que, con carácter general, se cumple y atiende antes del abono de las referidas ayudas públicas”, y al no ser ayudas a empresas, no tenían por qué comunicarse previamente a la Unión Europea.

Los peritos circunscriben el posible fraude a la Consejería de Empleo y exculpan al resto de organismos de la Junta. “Las presuntas irregularidades se habrían producido en el momento de la ejecución del gasto, por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo, sin que tengan relación alguna con el comportamiento irreprochable de la dirección general de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y de las restantes autoridades intervinientes en el procedimiento de elaboración del proyecto de Presupuesto, para su sometimiento al Parlamento de Andalucía”, precisan.

Los peritos de Griñán sitúan el fraude en la ejecución del gasto, que se hacía en Empleo

Por su parte, el catedrático Juan Ramallo Massanet, propuesto por la defensa de la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez defiende que ésta, en su etapa como consejera andaluza, “actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria”. El catedrático, que es además miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo, sostiene que la consejera de Hacienda ve “constreñida sus atribuciones en función de la distribución de competencias inherente al modelo departamental por el que se rige el Gobierno y la Administración andaluzas”, de manera que, en materia de elaboración y ejecución del Presupuesto, cada Consejería “tiene sus propias competencias, sin que las que se atribuyen a la Consejería de Hacienda puedan verse como vértice de una estructura piramidal”.

El perito propuesto por la defensa del ex consejero Antonio Fernández centra también su análisis en las funciones y responsabilidades de éste al frente de Empleo.

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