Una vecina de Sanlúcar la Mayor está viviendo de una forma personal y triste la lentitud de la Justicia: el juicio por impago de pensiones de su ex marido se va a juzgar en 2023, nada menos que 9 años, 5 meses y 25 días después de que interpusiese la denuncia. En este tiempo ha intentado montar un pequeño negocio en un quiosco pero ella y sus dos hijas han vivido fundamentalmente de la ayuda que le presta su padre.

El abogado de la divorciada, Manuel Colorado, explica a este periódico que se trata de un procedimiento penal por impago de pensiones cuya tramitación es sencilla puesto que solo hay que tomar declaración a la afectada, al denunciado y recabar algunos documentos.

“Es indignante, lamentable y penoso que un juzgado de lo penal de Sevilla haya estado tres años para señalar un juicio desde que lo recibió del juzgado de instrucción, y ahora lo señale a más de dos años vista”, afirma el letrado.

El día 2 de mayo de 2014, su clienta interpuso denuncia contra su ex marido por impago de la pensión alimenticia a sus dos hijas, reconocida en la sentencia de divorcio. El juzgado de instrucción 3 de Sanlúcar la Mayor tramitó el procedimiento y el 31 de julio de 2018  -cuatro años después de la denuncia- lo remitió para enjuiciamiento al juzgado penal de Sevilla que por turno correspondiese.

El penal 1, con fecha 12 de septiembre de 2018, dictó un auto de admisión, aceptó las pruebas propuestas y dejó el señalamiento de juicio pendiente para cuando su agenda judicial lo permitiese.

La madre y dos hijas han sobrevivido gracias a la ayuda de la familia 

Afirma Manuel Colorado que durante 2019, 2020 y principios de 2021 fue “decenas de veces” al juzgado para preguntar por la fecha de juicio, haciendo ver que “se trataba de un impago de pensiones alimenticias de dos hijas menores y que la situación de la madre era de necesidad económica”. Dos años y medio sin obtener respuesta concreta más allá de que “ni hay fecha ni se sabe cuándo la habrá”. 

Se trata, recuerda el letrado, de una madre con dos hijas de corta edad que en ese tiempo intentó sacarlas adelante como pudo, entre otros poniendo un pequeño negocio en un quiosco que no dio los resultados esperados. La hija mayor, de ocho años a la fecha del divorcio, conocerá la sentencia a los 18, siendo ya mayor de edad.

¿Sirve de algo quejarse?

Por eso en abril pasado Colorado decidió interponer una  queja ante el Consejo General del Poder Judicial “poniendo de manifiesto la tremenda injusticia de tamaña dilación indebida”. La única respuesta fue que ese juzgado “tiene una tremenda sobrecarga de trabajo y que poco o nada más pueden hacer”. 

Otra queja en términos similares pidiendo la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz solo se ha traducido hasta ahora en que la institución ha pedido información a la  Fiscalía Provincial “y que con su resultado nos dirán”.

Por fin este 8 de julio de 2021, el abogado recibió una notificación del juzgado penal señalando su juicio para nada menos que dentro de 27 meses, más de dos años, es decir, el 27 de octubre de 2023.

“Desde que interpusimos la denuncia hasta la fecha del juicio habrán pasado 9 años, 5 meses y 25 días, toda una condena, en regla, pero para mi clienta. Y todo eso,  contando con que no se suspenda el juicio por cualquier defecto de citación o incomparecencia”, se lamenta el abogado.