La nueva tasa de residuos amenaza con generar una avalancha de reclamaciones

La nueva tasa de residuos urbanos sigue generando polémica en los ayuntamientos y, lo que es peor, amenaza con generar una avalancha de reclamaciones por los defectos de su regulación. Así lo han advertido tanto los Inspectores de la Hacienda Pública Local como las organizaciones de consumidores (Facua y OCU). Estas organizaciones, además, ofrecen guías detalladas en sus respectivas webs para realizar esos recursos.

El hecho de que la ley de economía circular que impone esa tasa no establezca un criterio claro para fijar ese coste está generando tasas muy dispares en cada municipios. Esos criterios divergentes para aplicar esa tasa que están aprobando los ayuntamientos en las ordenanzas municipales derivarán en interpretaciones muy diferentes por parte de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de unificación doctrinal por parte del Tribunal Supremo, avisan los Inspectores de la Hacienda Pública Local.

La obligación de repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de la gestión de la basura (recogida, transporte y tratamiento de los residuos solidos urbanos) implica una polémica subida de impuestos para el bolsillo de todos los vecinos que los alcaldes se niegan a aceptar.

Europa "no impone una creación de tasa a nivel municipal"

La realidad incontestable es que Europa obliga por directiva a reducir los residuos municipales y lograr porcentajes muy exigentes de reutilización y reciclado de estos de cara a lograr una economía circular, pero no impone cómo debe cada pais repercutir el coste de la gestión de estos. Tampoco impone el modelo de tasa municipal que ha fijado la legislación nacional de economía circular (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).

La oficina de la Comisión Europea en España ha confirmado, a preguntas de este periódico, que la directiva europea sobre residuos "no impone una creación de tasa a nivel municipal" y "permite a los países miembros decidir cómo repercutir tal coste". La Directiva en cuestión es la 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Así pues el ejecutivo europeo corrobora que es el Gobierno de España el que ha decidido que la recaudación de esa tasa debe recaer en los municipios y así lo ha fijado en la ley de economía circular (2022).

La Comisión explica que el artículo de la directiva que habla de los "costes" es el artículo 14, que establece que:

1. De acuerdo con el principio de que quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, correrán a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos.

2. Sin perjuicio de los artículos 8 y 8 bis, los Estados miembros podrán decidir que los costes relativos a la gestión de los residuos corran parcial o totalmente a cargo del productor del producto del que proceden los residuos y que los distribuidores de dicho producto puedan compartir estos costes.

Y añade que la Directiva marco de la UE busca aplicar el principio de "quien contamina, paga" para "incentivar la prevención del desperdicio, la recolección diferenciada y mentalizar sobre el coste de la generación y gestión de los residuos".

Los objetivos europeos de reutilización y reciclado de residuos municipales, fijados en la citada directiva, son alcanzar en 2025 un porcentaje mínimo del 50%, en 2030 un mínimo del 55% y en 2035 un mínimo del 60%.

La Comisión Europea aclara que posibles ejemplos de medidas mencionadas en la Directiva que los países miembros pueden utilizar para incentivar la prevención de desechos, la reutilización, la recolección diferenciada y el reciclado son los siguientes: "cargas y restricciones al rellenado de tierras y a la incineración de deshechos, que a su vez incentivan la prevención desechos y el reciclaje o esquemas de pago por generación, que cobran a los productores de deshechos sobre la base de la carga real de desechos generados y ofrecen incentivos por la separación en origen de deshechos reciclables y por la reducción de residuos mezclados, entre otros. Estas medidas son también un empuje funcional para impulsar la reutilización de materias primas secundarias brutas, incluyendo aquellas materias críticas".

El PP culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha intentado en dos ocasiones en el Congreso que el Gobierno central elimine esta tasa “para evitar que recaiga sobre las familias esta carga impositiva”, pero el PSOE se niega. El PP se ha propuesto presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar la derogación de esta tasa.

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) reclama revisar la regulación estatal por "injusta, no obligada por la Unión Europea y discriminatoria para los ciudadanos". La FEMP ha denunciado este mes de noviembre en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que la tasa de residuos “se ha convertido en un caos” y recalca que el Gobierno tomó esta decisión sin contar con los ayuntamientos, lo que ha provocado que cada municipio aplique criterios distintos y genere un desorden generalizado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado en octubre (2025) ante la Comisión Europea que la tasa de basuras aplicada por distintos ayuntamientos pudiera incumplir la directiva europea en materia de residuos. La OCU pide al ejecutivo europeo que investigue la adaptación de la normativa en España y compruebe si se ha transpuesto correctamente la Directiva Europea 2018/851 en la normativa nacional.

Los ayuntamientos de Sevilla y Málaga también han instado sin éxito al Gobierno a reformar la Ley 7/2022 de modo que adopte medidas que suavicen los efectos de la aplicación de dicha ley y sobre todo reclaman que el Ejecutivo central fije criterios únicos para que se reduzcan al mínimo posible las diferencias en el importe a pagar por la ciudadanía en concepto de tasa o prestación patrimonial de residuos y se garantice la igualdad de los españoles con independencia del municipio en el que residan.