José Ignacio García Pérez

U. Pablo de Olavide y Centro de Estudios Andaluces

España ha terminado el año con las peores cifras de desempleo de su historia reciente. Andalucía no ha mostrado un comportamiento muy distinto. Si bien la tasa de paro en esta región ya estuvo por encima del 26 por ciento antes, nunca se había superado, como ahora, el umbral del millón de desempleados. Esta aparente paradoja solo se entiende atendiendo al espectacular aumento de la población activa: actualmente hay en Andalucía un millón más de activos que hace una década. Pero los efectos de la crisis se están notando de manera aun más intensa en la población empleada. El hito de los 20 millones de empleados en España ha durado, finalmente, menos de dos años. Ahora somos casi dos millones menos que hace un par de años y en Andalucía se ha destruido en algo más de un año todo el empleo creado en los cuatro años anteriores a la crisis. Pero lo que es especialmente frustrante es que la mayoría de los empleos destruidos lo son de entre el colectivo de trabajadores con contrato temporal. Además, la acusada inestabilidad laboral que sufren estos trabajadores hace que su nivel de protección, cuando caen en el desempleo, sea también menor a la que disfrutan los que contaban con un contrato indefinido. Es esta extrema dualidad de nuestro mercado de trabajo la causante de que España esté sufriendo de manera tan grave la actual crisis económica. Por supuesto que nuestra estructura productiva también ha hecho que se intensifiquen sus efectos. Pero no hay que olvidar que dicha estructura no es independiente del diseño institucional del mercado de trabajo. Nuestro modelo productivo se ha especializado en trabajo poco cualificado, entre otras cosas, por la facilidad con que la temporalidad ha fomentado la creación de puestos de trabajo en los sectores menos tecnificados y de menor valor añadido de nuestra economía.

Por eso, y porque necesitamos que en el futuro nuestra economía no vuelva por estos derroteros es por lo que necesitamos cambiar nuestro mercado de trabajo. Para que los incentivos que proveen nuestras instituciones laborales se dirijan a concentrar los esfuerzos en la formación y el reciclaje continuado, a la protección del trabajador a lo largo de la carrera laboral (más que a la protección de los puestos de trabajo) y a la mayor correlación entre salarios y productividad. Estos objetivos solo se conseguirán si se acomete cuanto antes, y a la vez, un conjunto de reformas que deben abordar cambios en tres campos principales. En primer lugar se debe asegurar al trabajador una mayor seguridad a lo largo de su carrera laboral. Esto sólo se conseguirá si las empresas no tienen incentivos artificiales al despido como los que genera el diseño actual de las indemnizaciones por despido de trabajadores temporales e indefinidos. Esta mayor estabilidad también se conseguirá si se reforman de manera decidida los actuales sistemas de formación ocupacional para concentrar dicha formación en las propias empresas. Los pocos ejercicios de evaluación que se han podido realizar sobre estos programas, que han concentrado inversiones multimillonarias en los últimos años, dicen muy poco sobre la efectividad de los cursos de formación para desempleados. La evidencia internacional nos enseña que es en un puesto de trabajo determinado donde los trabajadores adquieren destrezas y capacidades que les valen para aumentar su productividad y así, ascender más rápidamente en su vida laboral.

En segundo lugar, se necesita reformar el sistema de protección por desempleo y su financiación. Las prestaciones por desempleo en España son algo bajas al inicio pero duran mucho en el tiempo, por lo que incentivan una estancia prolongada en el desempleo, lo que provoca daños irreparables en el capital humano incorporado del trabajador. Por otra parte, el sistema de financiación de estas prestaciones debe rediseñarse para que las empresas que más despiden sean las que más contribuyan, en términos relativos, a su financiación.

Por último es necesario reformar nuestro sistema contractual para acabar con los incentivos a un despido excesivo no sólo en épocas de recesión como las actuales, sino también en las de auge. Los actuales contratos temporales permiten despedir a cualquier trabajador ofreciéndole una indemnización de solo 8 días por año trabajado, mientras que dicha indemnización alcanza los 45 días en la mayoría de despidos de trabajadores indefinidos. Cualquier empresario que se enfrenta a la disyuntiva de hacer indefinido a un trabajador temporal toma la misma decisión frente a estas cifras: despedir a este trabajador y contratar a otro. No es que en España sea difícil despedir, de hecho es muy fácil y rápido. El problema es que el sistema incentiva a despedir en exceso, pero solo a una parte del mercado. Se debe acabar con este sinsentido económico y para ello sólo cabe terminar con los contratos temporales y ofrecer a las empresas un nuevo contrato, que debería ser único para las nuevas contrataciones, y donde las indemnizaciones por despido crezcan con la antigüedad de manera mucho más gradual. Hay quien propone acercar de otra manera los costes laborales de los trabajadores temporales e indefinidos. Pero si se elevase, por ejemplo, la cotización por desempleo de los trabajadores temporales, reduciendo la de los indefinidos, se estaría echando el peso de la reforma, de nuevo, en los hombros de los temporales, que verían seguramente reflejado este cambio en unos salarios menores. Por tanto la solución más eficaz y más justa es cambiar el sistema contractual. Pero esto no lo es todo, además se debería contribuir, como se ha defendido antes, a proteger al trabajador y no al puesto de trabajo. Una fórmula en este sentido es que parte de las indemnizaciones por despido se capitalicen en un fondo que el trabajador pueda utilizar en caso de despido, pero también trasladar de una empresa a otra cuando cambie voluntariamente de empleo.

En definitiva es urgente, vistas las catastróficas cifras del pasado año, que nuestras autoridades políticas acometan de manera decidida una verdadera reforma de nuestras instituciones laborales para que volvamos a crear empleo cuanto antes. En este sentido, el sector público tiene una responsabilidad muy importante: tiene la obligación de representar en la mesa del dialogo social a todos los españoles, y sobre todo a los más de ocho millones de trabajadores que o bien cuentan con un contrato totalmente precario y sin derechos o bien ya lo perdieron y están desempleados.