La próspera región de Santa Cruz espera en un clima de tensión el referéndum sobre estatutos autonómicos que definirá su futuro hoy y al que se opone el presidente boliviano, Evo Morales, cuyos partidarios han prometido entorpecer la jornada electoral.

Las encuestas señalan que el sí por la autonomía tendrá a su favor un 70 a 75% de los votos, aunque esa opción tiene fuerte oposición en los sectores empobrecidos y en áreas rurales leales al presidente socialista.

El referéndum, calificado de anticonstitucional por Evo Morales, "es una manifestación clara para dirigirse hacia un estado independiente", estimó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La consulta no cuenta con el aval de la Corte Nacional Electoral, por lo que será validado por la Corte Departamental, que entró en disidencia.

No es seguro sin embargo que los 930.000 votantes potenciales tengan acceso a las urnas, especialmente en ciertos bastiones fieles a Morales como San Julián o Cuatro Cañadas.

"Urna que llegue a San Julián, será urna destruida", advirtió Ernancio Cortez Méndez, un líder local.

Además, las fuerzas del orden bajo control del Estado no asegurarán la seguridad del escrutinio, lo que aumenta los riesgos de que se produzcan actos violentos.

Por su parte, el general Mario Ayala Ferrufino, secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), una instancia militar de apoyo a las Fuerzas Armadas, advirtió ayer que el contenido del estatuto autonómico está "en total contradicción a la actual Constitución Política del Estado (CPE) al asumir competencias que son nacionales".

Si triunfara en sí en la consulta "no puede ni debe aplicarse, en tanto, no se apruebe un nuevo texto constitucional, debido a que la actual CPE no contempla las autonomías", subrayó el militar.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo a principios de semana que con el referendo se habrá puesto en marcha "una segunda República", lo que confirma los temores del Gobierno de que la jornada es una amenaza de independencia de Bolivia.

Santa Cruz tiene una dicotomía muy marcada con una clase social alta de blancos y descendientes de extranjeros frente a nativos e inmigrantes bolivianos de las tierras altas empobrecidas.

La crisis política que vive Bolivia, de la que el referendo de hoy es un nuevo capítulo, tiene como punto culminante un proyecto social que el presidente Evo Morales quiere plasmar a través de una nueva Constitución, a lo que algunas regiones ricas se oponen.

Se trata de "una pugna por la autoridad del Gobierno central, por las competencias y atribuciones que éste tendría y una demanda de las regiones de ampliar estas capacidades que estaban limitadas, pero que hoy quieren ampliarlas al plano político y al económico", dijo el analista independiente Carlos Cordero.

Dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) reconocieron también ese concepto al afirmar que el Gobierno no niega las autonomías, sino que "lo que se está discutiendo son las competencias".

Por esta dicotomía, el MAS abandera en su proyecto constitucional otras categorías de autonomías, como la regional o la municipal, pero sobre todo la indígena a la que le da derechos especiales en la nueva norma.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 38,7% de su población de unos 2,5 millones de habitantes está en el umbral de la pobreza. Según las poderosas élites agroindustriales, productores especialmente de soja y azúcar, esa situación se debe al centralismo que ejerce La Paz.

La región de santa Cruz, la más rica de Bolivia que concentra el 30% del PIB nacional, será la primera en acudir a las urnas en un proceso que pretende romper dicho centralismo.

Se celebrarán además otro referendos autonómicos en los próximo 50 días en Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur), junto al de hoy de Santa Cruz .