La Unión Europea (UE) aprobó este viernes su segundo paquete de sanciones a Rusia, fruto del inicio de la operación militar de Moscú sobre Ucrania, con el que pretende ahogar la economía rusa con restricciones financieras, energéticas y comerciales y en el que incluyó también la congelación de activos del presidente Vladímir Putin.

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque confirmaron en una reunión extraordinaria las represalias pactadas horas antes por los líderes de la UE, que comenzarán a aplicarse una vez sean publicadas en el Diario Oficial de la UE, un paso formal que se espera en las próximas horas.

Quedan fuera de este segundo paquete cuestiones como la expulsión de los bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT o restricciones comerciales sobre el gas y los productos de lujo, que la UE se reserva para incluir en nuevas represalias en las que ya están trabajando los servicios europeos para golpear de nuevo a Moscú, si fuera necesario.

Apagar el servicio de mensajería bancaria a las entidades rusas supondría un duro golpe para la economía rusa porque significaría detener las transacciones internacionales, pero esta posibilidad “no está lo suficiente madura” entre los socios comunitarios, explicó el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell.

“Pero no está fuera de la mesa, podría ser adoptada en los próximos días. Estamos explorando todas las posibilidades y (más medidas) serán adoptadas dependiendo del comportamiento de Rusia”, expresó el jefe de la diplomacia europea.

En todo caso, el alto representante de la UE aconsejó no esperar este tercer paquete de sanciones “en las siguientes horas o días” y subrayó que depende de la evolución sobre el terreno de la guerra y el comportamiento de Moscú.

Putin y Lavrov, en la lista negra

Un elemento que sí cosechó este viernes el apoyo unánime de los Veintisiete fue la inclusión en la lista negra de Putin y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuyos activos quedarán congelados por su responsabilidad en la campaña militar sobre Ucrania.

Esta posibilidad fue debatida por los jefes de Estado y de Gobierno la noche anterior sin que los líderes consiguieran ponerse de acuerdo sobre ella, pero quedó desbloqueada horas después en una reunión de embajadores de los Veintisiete y posteriormente recibió la luz verde definitiva de los ministros.

“Es un paso importante, los únicos líderes del mundo que están sancionados por la UE son (Bachar al) Asad de Siria; (Aleksandr) Lukashenko, de Bielorrusia, y ahora Putin de Rusia”, recordó Borrell para enfatizar el calado de la decisión.

Además, la UE amplia las sanciones financieras individuales al resto de miembros de la Duma (cámara baja del parlamento ruso) que no resultaron afectados en el primer paquete de represalias y también a seis personas del “mundo financiero ruso” que apoyan al Kremlin y “se benefician de los acontecimientos”, explicó Borrell.

Cortar el acceso a financiación

Por lo demás, los Veintisiete han preferido centrarse en cortar los canales de financiación y negar el acceso a los mercados de capitales al Kremlin, sus empresas públicas y los bancos rusos a través de una serie de decisiones en el ámbito financiero, en lugar de adoptar restricciones comerciales que también afectarían al bloque.

Alfa Bank y Bank Otkritie se suman a las entidades que ya habían sido sancionadas por el bloque, se frena la financiación de empresas públicas como Kamaz, Rostec o Almaz-Antey y se prohíbe la apertura de nuevos depósitos de más de 100.000 euros a ciudadanos rusos en bancos europeos y la compra de acciones de compañías rusas.

La UE confía en que estas sanciones, que afectan al 70 % del sistema bancario ruso y a empresas “clave” también del ámbito de la defensa, aumenten los costes de financiación, generen inflación y erosionen la base industrial del país, reduciendo las inversiones directas en Rusia.

A las financieras se suman sanciones energéticas que buscan impedir que Moscú tenga la tecnología adecuada para modernizar sus refinerías de petróleo; las de transportes, que restringen la venta de aeronaves y componentes de aeronaves, y las nuevas medidas comerciales, que atacan sectores como la electrónica, la informática o las telecomunicaciones.