Cinco días después de que Tokio fuera elegida sede olímpica para los Juegos de 2020, Japón ejecutó ayer en la horca a un reo de 73 años, lo que ha desatado las críticas por considerarse que traiciona el espíritu olímpico.

"El hecho de que los derechos humanos y la dignidad humana sean el corazón de las Olimpiadas hace que Japón tenga la obligación de respetar estos principios como país anfitrión acabando con las ejecuciones", manifestó una portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Tokio. Según ésta, la pena de muerte "viola la carta olímpica y el espíritu de los Juegos", al tiempo que "traiciona a la sociedad internacional".

Japón, que ha ejecutado en lo que va de 2013 a seis condenados a la máxima pena, ajusticia en la horca en el mayor de los secretos, sin aviso previo a los presos o familiares y sin testigos, lo que le ha valido la condena de países y organizaciones internacionales.

Al igual que otros países como EEUU o China, con la pena de muerte vigente, a Japón la medida no le ha supuesto un impedimento para albergar los Juegos.

Una de las pocas moratorias que Japón aplicó a la pena capital fue en 1964, cuando Tokio celebró sus primeras olimpiadas.

Según la portavoz de AI, a mediados de mayo el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó encarecidamente la necesidad de que Japón estudiara abolir la pena de muerte, aunque avisó de que, de momento, "no ha habido respuesta por su parte ni se ha dado ningún paso" a tal efecto.

"No pensamos estudiar la abolición de la pena de muerte aunque se podría analizar si surgiera un debate en la Dieta (Parlamento)", expresó ayer el ministro nipón de Justicia, Sadakazu Tanigaki, que descartó que se vayan a modificar los procedimientos actuales bajo los que se aplica la pena capital.