Hungría y Polonia mantienen su veto al plan de recuperación de la Unión Europea, pero las advertencias desde Bruselas de que el fondo de reconstrucción podría activarse sin ellas parece haber hecho mella en su alianza después de que Varsovia haya dado señales de que hay vías para el acuerdo.

Ambos países bloquearon hace dos semanas la aprobación del acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2021-2027 y del fondo de recuperación cerrado con el Parlamento Europeo por su rechazo a vincular el desembolso del dinero, 1,8 billones de euros en total, al respeto del Estado de derecho.

En los últimos días el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, se han reunido para reconfirmar su veto y cargar contra un mecanismo que consideran "ideológico", "políticamente motivado" y dirigido contra ellos, a pesar de que el Estado de derecho es uno de los principios fundacionales de la UE.

Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la UE, sigue trabajando con ambos para encontrar una solución, pero la Comisión Europea (CE) ya ha empezado a estudiar cómo poner en marcha el fondo de recuperación sin ellos.

"Tenemos que trabajar intensamente y explorar todas las opciones posibles para asegurar que avanzamos porque estamos en una profunda crisis económica y este dinero es muy necesario", advertía este martes el vicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis, recordando que 25 de los 27 miembros apoyan el plan.

Bruselas cree que podría ponerse en marcha "rápidamente" una solución "puente" sin Hungría y Polonia que replicaría los efectos del fondo hasta que se logre un acuerdo y permitiría mantener en términos generales el calendario actual, que prevé que los desembolsos empiecen en junio, explicó un alto cargo comunitario.

Esto podría lograse a través de una cooperación reforzada entre los 25 países a favor, con un sistema de avales proporcionados por estos Estados para que la Comisión pueda emitir deuda sin el respaldo del presupuesto comunitario, o con un acuerdo intergubernamental.

Aunque todavía no hay una decisión final, el hecho de que la maquinaria se haya puesto en marcha parece haber pesado en el ánimo de Polonia.

POLONIA APUNTA A POSIBLES SOLUCIONES

El viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, dijo ayer a la prensa tras reunirse con varios comisarios europeos en Bruselas que una posible solución al conflicto sería una declaración para clarificar los términos de la condicionalidad del cumplimiento del Estado de derecho.

Sin embargo, esta mañana Orbán descartó la solución puesto que "no va a funcionar" y pidió de nuevo desligar fondos y Estado de derecho, mientras que un portavoz del Gobierno polaco precisó que la intención de vetar el paquete económico comunitario no ha cambiado, matizando así lo que se interpretó como una mano tendida al acuerdo.

Los socios estarían dispuestos a explicitar que esta condicionalidad no se utilizará para presionar en otras áreas como la migración -algo que "ni siquiera se puede hacer" porque está ligada solo al presupuesto- o a aclarar que la CE lo aplicará de forma imparcial a los Estados si esto resuelve las preocupaciones de Budapest y Varsovia, apuntaron fuentes diplomáticas.

Aunque añadieron que, si el bloqueo persiste, la Comisión tendrá que proponer "lo antes posible" una alternativa "factible y rápida" para el fondo, que esté en marcha como muy tarde el verano de 2021.

Ambos países se juegan fondos

Tanto Hungría como Polonia están expedientados por sus problemas con la independencia judicial o la libertad de prensa, por lo que se exponen a perder millones de euros con el nuevo mecanismo de condicionalidad, pero un bloqueo de todo el paquete dejaría a la segunda peor parada.

Polonia sería el tercer beneficiario del fondo de recuperación, con casi 29.000 millones de euros en subvenciones los dos primeros años, mientras que Hungría recibiría 6.600 millones.

Además, vetar el marco financiero supone que en 2021 no pueda haber un nuevo presupuesto anual y tenga que adoptarse un sistema de emergencia -conocido como "doceavos provisionales"- que provocaría reducciones y retrasos en los pagos, sobre todo en la política de cohesión.

Un programa del que Polonia sería primera receptora, con 66.422 millones asignados entre 2021 y 2027, y Hungría sexta, con 19.949 millones.

Lo único que no podría impedir el veto es, paradójicamente, que se aplique la condicionalidad de Estado de derecho, que fue aprobada por mayoría cualificada sin necesidad del apoyo de Varsovia y Budapest.