Manifiesto 'En defensa de una red libre'

El reciente Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en 
Internet ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, 
bloggers y simples usuarios de la Red de un muy amplio abanico 
político. Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto,
 encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente 
incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de 
la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para
 oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre 
ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de 
películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras 
formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.

La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la
 titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la 
historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden
 mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en 
un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna 
industria o comercio.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico 
objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento
 de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más 
acomodaticia con el sistema establecido.

En el caso de Estados Unidos, 
representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar
a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades
 inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades
 animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una
 sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre
 conocimiento.

Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la 
hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al
revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties 
que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes
 científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso 
creemos que no se trata de que los autores cambien de amos. La cultura 
libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá
 de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchos los
 creadores que se definen como trabajadores de la cultura y aspiran a
una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más 
allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir
 cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones 
intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda 
la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.

Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un
 momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una
 verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la 
llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un
 ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber 
comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La
 era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de 
los pueblos.

Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe 
defender la democratización de toda la economía. No parece razonable
 aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente
 como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra
 del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos,
 una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la
 riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander,
 Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes
 pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una
 evidente cuestión de correlación de fuerzas.

Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan
 publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la
 educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados
 que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la 
legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos 
que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una 
reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente
re presente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a
cabo.

En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de
 distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft,
 legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la
 publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima 
difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás 
entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de 
ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la 
innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún
 insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas
 distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en 
este momento la evolución de los medios de reproducción abre una 
oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué 
productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de 
entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más,
 servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales
o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se 
imagina.

Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo,
 en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni
 tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las 
multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo
 objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio
 en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance
 para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más 
difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para 
todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se 
adueñan de ella un poco más.

Suscriben: Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor,
Carlos Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago
Alba, escritor, Ignacio Ramonet, periodista y escritor, Alex de la
Nuez, músico, Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa,
escritor, Mercé Molist, periodista, Constantino Bértolo, editor, Carlo
Frabetti, escritor y matemático, Rosa Regás, escritora, Irene Amador,
antropóloga, Antonio Arco, músico.