“Si alguien quiere anunciarse en televisión o en radio paga por la publicidad y, si no tiene el dinero, pues no se anuncia. Esa situación nos parece lógica hoy, aunque nos olvidamos de que, en su origen, tanto la televisión como la radio fueron libres. Internet representa hoy ese espacio de libertad donde cualquiera puede anunciarse, así que lo que pretenden los proveedores de acceso es dar marcha atrás para recuperar el control sobre una realidad que se les ha ido de las manos”, dice Simona Levi, portavoz de la plataforma Red Sostenible, explicando la alerta lanzada hoy junto a Facua-Consumidores en Acción, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, en torno al riesgo de “privatización de la producción de contenidos culturales en la red” y a la propia neutralidad de ésta.

El aviso no llega en un día cualquiera. Lo hace tras meses de movilización contra los intentos de regular la circulación de contenidos en internet –con un notable pico de popularidad mediática tras la rápida difusión del Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet– y coincidiendo con la reunión informal de ministros de Telecomunicaciones de la UE que actualmente se celebra en Granada. Una cumbre de la que, dicen los convocantes, saldrá presumiblemente una Carta de Europea de Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicación Electrónica.

Tanto para Levi como para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, este documento supondría una “cortina de humo” que ocultaría tras la buenas intenciones –la promesa de acceso gratuito a servicios mínimos de banda ancha– una realidad bien distinta. “En nombre de un Internet a medida del usuario intentan vendernos la moto con un ancho de banda mínimo gratuito para que todos los demás servicios (ver y ser vistos) podamos comprarlos según nuestros intereses, exactamente como con la TV por cable”, aseguran.

La alerta coincide a su vez con la publicación del informe Lista de vigilancia de propiedad intelectual 2010, elaborado por Consumers International, organización supranacional de la que Facua es miembro de pleno derecho, y en el que, lejos de constatar “ninguna mejora global del estado en que se encuentra el acceso al conocimiento de los consumidores”, se apunta con preocupación “cómo aún se pasan por alto” los intereses de éstos “mientras los legisladores se apresuran a satisfacer las interminables demandas” de grupos de presión “de empresas dedicadas a los medios de comunicación y al entretenimiento, que conforman las leyes nacionales e internacionales con su hiperbólica charla de piratería, robo y delincuencia organizada”.

En la movilización internauta agrupada en torno al manifiesto antes citado el detonante fue la posibilidad cerrar webs haciendo uso de una interpretación extensiva del ánimo de lucro, que según diversos especialistas pone en jaque el derecho fundamental a la libertad de expresión. Levi y Sánchez avisan ahora de que la pretensión de los proveedores de acceso a la red de gravar con una tasa a los prestadores de servicios que utilizan sus infraestructuras esconde una situación similar. “Es lo que se está anunciando como la tasa Google –explican–. Pero los prestadores de servicios no son sólo macroempresas como Google. Cualquier ciudadano lo es desde el momento en que tiene su propia web, como un blog, o pone archivos a disposición de otros internautas a través de las redes P2P. Una tasa de este tipo podría excluir o limitar la presencia en la red a las pequeñas empresas o a los ciudadanos que alojan contenidos sin ánimo de lucro en favor de las grandes multinacionales”.

Para informar en detalle de esta situación, ambas organizaciones han puesto en marcha la campaña Internet no será otra TV, que cuenta con un cartel explicativo diseñado por el dibujante e ilustrador sevillano Miguel Brieva.