Análisis

Diego Martínez López

Universidad Pablo de Olavide

Fondos europeos: nada es gratis

¿Qué pasará si no llegan en su totalidad los 27.000 millones de ingresos presupuestados por el Estado en 2021? La deuda nos socorrerá, pero ¿hasta cuándo? l La Junta ha sido más prudente

Hay una cierta nebulosa, como la que rodea a la llegada de los Reyes Magos, en torno a los fondos europeos del Next Generation EU (NGEU). Como muchos de ustedes sabrán, se trata de una multimillonaria iniciativa de la Unión Europea que, bien encajada, puede convertirse en una magnífica oportunidad para este país. Este artículo no va a glosar las virtudes de este instrumento financiero: para eso ya están nuestros representantes políticos. Tampoco se repetirán las advertencias que expertos sensatos han lanzado acerca de la capacidad de nuestras administraciones para gestionar tamaño desembarco de recursos, dada la experiencia de años anteriores; ojalá que escuchen sus consejos. Este artículo tan sólo pretende cuestionar algunas cosas que se dan por hechas y, por el contrario, traer a colación otras que están pasando desapercibidas.

Entre las que se asumen como evidentes se encuentran los criterios de reparto. Varios dirigentes políticos de la Junta de Andalucía llevan meses afirmando que los fondos que lleguen a España deben repartirse con los mismos criterios con que Europa los ha distribuido entre los estados miembros. Y a continuación se citan la tasa de paro, la renta per cápita y la población. Lo sorprendente es que, hasta el día de hoy, esto no aparece en los borradores europeos que aspiran a regular estos fondos.

Más bien ocurre lo contrario. Se fijan unas cotas máximas de financiación a repartir entre países para evitar una excesiva concentración de las ayudas, y se siguen criterios como los indicados más arriba y alguno más, con una ponderación según los años de aplicación. Así, el volumen total de préstamos (principal instrumento de ayuda) que, como máximo, se puede recibir desde el NGEU está ligado a un porcentaje del PIB de cada país. Con otras palabras: no hay una financiación garantizada y, en teoría, los recursos que pueden llegar a España podrían ser de cualquier magnitud entre cero y esa cota máxima.

Obviamente, la realidad no será tan extrema, pero lo que sí debiera quedar claro es que la asignación de recursos seguirá a una evaluación previa y competitiva entre proyectos, realizada por la Comisión Europea y ratificada por el Consejo Europeo. También la disposición de fondos a lo largo de la ejecución de los proyectos estará sometida a evaluaciones parciales, pudiendo un solo Estado Miembro exigir al Consejo Europeo que se reconsidere el seguir prestando financiación. Por tanto, nada más lejos de la realidad que esperar (o exigir) un reparto basado en criterios redistributivos.

Esta incertidumbre sobre las cifras contrasta con la certeza recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que ya han previsto ingresos superiores a los 27.000 millones de euros por este concepto. ¿Qué ocurre si no llega finalmente esa cantidad? La emisión de deuda pública, como viene sucediendo desde hace meses, nos socorrerá (¿hasta cuándo?) si se lanzan compromisos de gasto asociados a estos volubles fondos. La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido más prudente y ha preferido no presupuestar nada de momento por este concepto. Un acierto: imaginen los fantasmas que visitarían al Gobierno andaluz si hubiese que gastar unos recursos con los que no se cuenta: ¿habría que pedir (más) dinero prestado al Estado? ¿subir impuestos?

Hay otra circunstancia sobre la llegada de estos fondos a las CCAA a la que, a mi juicio, no se le está prestando suficiente atención. Y los borradores europeos están siendo muy claros al respecto. Se pide de manera crítica y reiterada que los proyectos asociados al NGEU sigan las recomendaciones del llamado Semestre Europeo. El Semestre Europeo es un marco de coordinación permanente de las políticas económicas de la UE que, periódicamente, emite recomendaciones a los Estados Miembros.

La última versión de dichas recomendaciones para España contiene indicaciones en las que el margen de mejora es sustancial. Y aunque la responsabilidad final acerca de su seguimiento recae en el Gobierno de España, las CCAA se verán implicadas en ellas por activa o pasiva. Por citar sólo algunas, el Semestre Europeo hace referencia a la sostenibilidad de las finanzas públicas (esto no es una responsabilidad exclusiva del Estado sino que también atañe, por supuesto, a las CCAA y CCLL), a la convergencia en regulaciones autonómicas que afectan a la unidad de mercado o a la coordinación entre niveles de gobierno para regular eficientemente la contratación pública.

Por último, no deben descuidarse las “pistas de aterrizaje” de los tradicionales fondos europeos en las CCAA. La iniciativa NGEU supone un instrumento adicional y complementario al presupuesto europeo convencional, que también se encuentra en avanzado estado de tramitación. Este presupuesto está dotado con una cantidad de 1,074 billones de euros y contiene entre sus principales líneas de actuación las dedicadas a la política agrícola comunitaria y los fondos estructurales y de cohesión, al tiempo que se mantiene el interés por financiar acciones dedicadas a economía digital, medioambiente e innovación. Esto es, siguen vigentes las oportunidades de continuar captando recursos a través de los instrumentos habituales de la UE. La iniciativa NGEU no debe entenderse en ningún momento como un sustitutivo del tradicional presupuesto comunitario.

En definitiva, los fondos NGEU son en efecto una oportunidad para el país. Pero también existen las oportunidades perdidas. Para evitarlas: capacidad de gestión como vienen recomendando los expertos, estrategia competitiva que deje a un lado el casi secular “no más que nadie pero tampoco menos que los demás” y perspectiva de largo plazo. ¿Es mucho pedir? Por favor, no se apresuren al contestar…

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