Sánchez se hace con el control de la legislatura mientras se calienta la calle

Pedro Sánchez controla ya la legislatura. Con la aprobación de los Presupuestos, que se remiten ahora al Senado aunque el Ejecutivo espera verlos publicados en el BOE antes de concluir el año, tiene amarrada la legislatura y, en la mano, la palanca de los tiempos. Tanto en su propio interés como defensivamente puede prolongar la legislatura hasta su final en noviembre de 2023 prorrogando los presupuestos. Tiene margen para anticipar elecciones en función de las coyunturas o para resistir –es su especialidad– ante un posible y nada descartable final por la vía de un desafecto estratégico del bloque de UP ante la inminencia electoral con el objetivo de llegar a las urnas marcando distancias.

El 55% de la Cámara –188 parlamentarios– aprobaron las cuentas. Se mantiene el bloque que tumbó las enmiendas a la totalidad: Esquerra, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. El acompañamiento de Bildu ha vuelto a llevar a los grupos parlamentarios del PSOE y el PP a la gresca. Parece inevitable que PP, Vox y Cs coloquen a ETA en la Cámara cada vez que Bildu cobra protagonismo. Bildu, que sabe que es imposible conseguir cesiones vinculadas a los presos, ha arrancado dos concesiones al gobierno: desbloquear la tramitación de una ley para crear el fondo de ayuda a las victimas del amianto y la emisión de un canal infantil de la ETB3, en euskera, en Navarra. Aunque su principal objetivo es tratar de alejar a las derechas del poder.

Por cierto, que por distintos afanes, Cs y Vox votaron junto a la CUP y Junts contra los presupuestos de la casa del Rey. Pero que haya tranquilidad, no parece un conciliábulo.

Las cuentas son, al fin y al cabo, la máquina de la verdad de la política. Obras son amores. Y explican, ordenadas por partidas y jerarquizadas por prioridades, un proyecto de país. No dejan de ser unos presupuestos de todos, pero la vinculación de esta ley a la conservación del poder es tan potente que anula cualquier otra lectura. Sánchez ha convertido en un juego de niños aquello de Zapatero de la geometría variable para sacar adelante leyes. Concitar el apoyo de diez grupos y a su propio socio tiene su mérito, por más que las cuentas reflejen el tira y afloja de los intereses territoriales de los nacionalistas, los independentistas, los regionalistas cántabros y canarios y el del diputado irredento de la España vacía turolense.

El G-8 en Galicia

Solo dos días antes de dar su voto a los PGE, el presidente de Cantabria, Revilla, también conocido como el señor de las anchoas, firmaba junto a otros siete presidentes autonómicos un acuerdo que pide al Ejecutivo que no privilegie económicamente a los nacionalistas. Lo paradójico es 48 horas después su diputado en el Congreso aprobaba las cuentas a cambio de partidas específicas para licitar tramos ferroviarios, carreteras y soterramientos de tendido ferroviario. No se aprecian grandes diferencias entre ese trueque y lo que llaman privilegiar a los nacionalistas. En realidad, cada grupo va con todo a la negociación presupuestaria, como es lógico. Pero según se viste el discurso puede entenderse como una negociación legitima o un pacto vergonzante y una cesión indigna.

Los ocho presidentes de las comunidades más despobladas– cinco del PSOE, dos del PP y uno del PRC cántabro– tienen su propio discurso y sus prioridades para tratar de condicionar el modelo de financiación autonómica en función de sus características. No les falta razón. Tienen serias dificultades para prestar servicios esenciales como la sanidad o la educación. Es lo que llaman la “emergencia demográfica” y exigen poder prestar los mismos servicios que el resto del territorio con independencia de su capacidad recaudatoria. Es justa su reivindicación de que la financiación sea el resultado de un acuerdo multilateral en el consejo de política fiscal y financiera, del que se ausenta Cataluña.

Son más difíciles de comprender las declaraciones de Page. “Representamos a España para sumar, no para fastidiar”. Se ha convertido en un deporte nacional la vocación de representar a España. Primero fue Ayuso con aquel jeroglífico de que Madrid era España dentro de España. Y ahora Page. Empiezan a producir escalofríos estos juegos menores. Como si las comunidades más pobladas, entre ellas Andalucía y Valencia, fueran cantones suizos; o como si quienes defienden postulados nacionalistas dentro del orden democrático e incluso los ciudadanos de esas comunidades no alineados con el nacionalismo merecieran ser excluidos de lo que llamamos España. Necesitamos un Estado basado en los principios de la igualdad de todos los españoles, sin duda, pero moderno, pragmático, sin tanto heraldo apocalíptico. A ver si alguna vez asumimos de verdad una idea moderna de España, plural, conciliadora y necesariamente compleja. Todos los misterios lo son. Y España sigue siendo un misterio.

De policías y manifestantes

El PP vuelve a la calle junto a Vox y Cs. En esta ocasión los une la protesta de los sindicatos policiales contra la intención del Gobierno de modificar algunos conceptos de la llamada Ley mordaza, aprobada hace seis años por el Ejecutivo del PP. Aquella Ley, que salió adelante solo con los votos del PP, nació en un contexto determinado: las protestas por la crisis económica. Entonces ya pareció fruto de una sobreexcitación penal del PP y fue inspirada Fernández Díaz, ministro de Interior, y su cúpula policial, muchos de cuyos integrantes están hoy acusados de presuntos delitos y corrupciones.

Pretendían el PP y la policía tener bajo control lo que era incontrolable por ley. Las protestas vinculadas a la crisis en aquellos días se dirigían contra el Gobierno, pero también contra el PSOE. Uno de las singularidades del texto, que ha sido avalado por el TC, es que sancionaba la paralización de los desahucios por grupos de ciudadanos. Pero también escalar edificios sin permiso o fotografiar a los policías. Uno de los aspectos más controvertidos fue la consideración de delito muy grave manifestarse sin comunicación previa ante infraestructuras críticas o celebrar espectáculos públicos prohibidos. Estos delitos se sancionan hasta con 600.000 euros de multa, un argumento realmente disuasorio para cualquier colectivo. Incluso el Ciudadanos de Rivera estuvo en contra al considerar que suponía un paso atrás en la separación de poderes al autoconcederse el Gobierno frente a los jueces la decisión de multar a los manifestantes y a la oposición política.

PSOE y UP le van a pasar el cepillo a la Ley, utilizando la terminología de Alfonso Guerra cuando el Estatut. Pero en realidad no van a hacer muchas de las cosas de las que dicen los manifestantes. Ni se reduce el tiempo de identificación de indocumentados (sigue en seis horas como máximo) pero sí se exigirá que se justifiquen las causas, ni se cargan la presunción de veracidad de los agentes sino que será necesaria una explicación “coherente, lógica y razonable” de la sanción.

Tampoco van a prohibir el uso de material antidisturbio, pero sí será obligatorio que los cuerpos policiales elaboren protocolos específicos para utilizar “los medios menos lesivos para las personas”. Y así casi todo. No parece ningún disparate. Al revés, son en su mayoría enmiendas que abundan en garantizar los preceptos de un Estado de derecho. Porque tampoco se sustituye en el texto la sanción por manifestarse sin previa comunicación: lo que se dice es que eso no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación.

En tiempos como estos es casi imposible que los argumentos reales permeen. Funciona el trazo grueso. Aunque es más dudoso que los partidos que se han sumado a las manifestaciones desconozcan la reforma con detalle.