Análisis

Joaquín Aurioles

¿Dónde están los socialistas andaluces?

Susana Díaz y Pedro Sánchez, juntos en un mitin durante la última campaña electoral Susana Díaz y Pedro Sánchez, juntos en un mitin durante la última campaña electoral

Susana Díaz y Pedro Sánchez, juntos en un mitin durante la última campaña electoral

Puede parecer pronto para plantear la pregunta. Desconocemos cuando podrá iniciarse la legislatura con los tres poderes a pleno rendimiento, pero existe la sensación de que en las partidas para alcanzar el acuerdo de investidura las apuestas ya están subidas de tono e incluyen temas, como el del bilateralismo en las relaciones entre el Estado y algunas autonomías o las compensaciones políticas en forma de inversiones del estado, que en absoluto son indiferentes a los intereses de los andaluces.

Una característica común a la práctica totalidad, salvo en la formación de Errejón, de los interlocutores del equipo de negociación nombrado por Pedro Sánchez, es la prevalencia de las lealtades, al menos en apariencia, a los territorios donde fueron elegidos sobre las que deben a las formaciones políticas en cuyas listas acudieron a las elecciones. Esta circunstancia condiciona de forma significativa el desarrollo de las negociaciones, pero sobre todo plantea un dilema para los representantes políticos de los territorios excluidos de la negociación, condenados a interpretar papeles secundarios en la comedia. El dilema es extensible a la mayor parte de nuestros representantes electos en el conjunto de las formaciones, pera hay que reconocer que la falta de visibilidad de los socialistas andaluces resulta especialmente llamativa, dada la trascendencia de las negociaciones en las que su partido tiene la responsabilidad de llevar la voz cantante.

Los conflictos de lealtad han sido siempre objeto de atención de los economistas. Los clásicos sostenían que cuando la calidad de un producto se deteriora, los consumidores tienden a sustituirlo por otro alternativo, es decir, se quiebra la fidelidad y se abandonan el mercado. Algo parecido puede ocurrir con los trabajadores, cuando se pierde la confianza en la política laboral de su empresa. Albert O. Hirschman (1915-2012), un economista de origen alemán que luchó contra el nazismo y el fascismo y que posteriormente se marchó a los Estados Unidos, donde desarrolló una actividad académica particularmente inspiradora para geógrafos y economistas interesados en el desarrollo desigual, publicó en 1970 un pequeño libro (Salida, Voz y Lealtad, FCE) en el que se introducía en las relaciones entre política y economía. La salida (abandono) de la marca cuando el producto pierde calidad sería, según la economía clásica, la respuesta del mercado, pero también cabe una respuesta de tipo político: levantar la voz y protestar.Cuando una organización (una empresa, un partido o el propio gobierno) impulsa políticas que sus miembros consideran perjudiciales para sus intereses tienen la opción de salir (buscar un producto sustitutivo, abandonar la organización o emigrar), de protestar (exigiendo cambios en la política) o de resistir, manteniéndose leales, a pesar de las discrepancias. Las críticas académicas a Hirschman se centraron en la ausencia de formalización de sus planteamientos, pero su influencia fue tan notable que se le reconoce como precursor de la nueva economía institucional al introducir la influencia de las ideologías en el comportamiento de los agentes, desarrollada posteriormente por D. North.

Otros autores se encargaron de corregir la ausencia de formalización, concluyendo que tanto la decisión de salir como de mantenerse leales a un producto o una organización dependen de los costes asociados a cada uno de ellas. En el caso de la salida, los costes vienen determinados básicamente por la abundancia o escasez de alternativas, mientras que en el de la lealtad influyen los costes de entrada (por ejemplo, superar pruebas de acceso) o la inversión realizada durante la permanencia en el mercado (por ejemplo, formación adquirida en materias específicas). Levantar la voz implica demorar la salida confiando en la rectificación, aunque la perspectiva de que llegue a producirse depende básicamente de la dependencia de las organizaciones de la lealtad de los agentes. Cuando la dependencia es elevada, las organizaciones tienden a adoptar decisiones cercanas a los intereses de las voces discordantes (S. Gehlbach, 2006).

Viene todo esto a cuento de la firme postura de los socialistas andaluces durante la clausura del XIII congreso del partido en Andalucía, cuando Susana Díaz, recién elegida secretaria general, pidió a Pedro Sánchez que no le plantease un conflicto personal de lealtades entre el PSOE y Andalucía, porque entendía que tendría que decantarse por la segunda. El trasfondo de la cuestión era la propuesta de plurinacionalidad planteada por el partido, que podría terminar concretándose en algo contrario a los intereses de los andaluces. En tal caso, el conflicto de lealtades sólo podría resolverse dando prevalencia a su responsabilidad institucional como presidenta de la Junta.Díaz había perdido las primarias frente a Sánchez, pero había decidido levantar la voz porque conservaba un importante bastión de poder dentro del partido y era consciente de la enorme dependencia del mismo respecto del voto socialista en Andalucía.

El fracaso en las autonómicas de diciembre del pasado año y el éxito en las generales de abril, apenas empañado por el nuevo fracaso en las del pasado noviembre, han alterado todos los equilibrios previos. La opción de levantar la voz frente a iniciativas que pueden perjudicar el interés de los andaluces parece haber dejado paso a la lealtad, entendida como comportamiento pasivo a la espera de que las condiciones vuelvan a ser más favorables. En todo caso, la salida nunca ha sido, dado sus elevados costes, una opción a considerar en el socialismo andaluz, a diferencia de Podemos Andalucía o de Jo Johnson, el hermano menor del primer ministro británico, que fue ministro de Universidades en su gabinete y miembro del Parlamento, hasta que decidió renunciar a todo para evitar el conflicto de lealtades que le planteaba la política del gobierno británico sobre el Brexit.

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