Cuentan gentes del PDeCat que la noche del miércoles Puigdemont estuvo a punto de tirar la toalla y se lo dijo a alguien en esos españolísimos términos. ERC apretaba para que echara a los consellers más timoratos con el referéndum y algunas reuniones con ellos habían sido de tensión insoportable para el president, obligado a expulsar a varios porque temía que se negaran a firmar decretos que incumplieran la legalidad. Puigdemont no dimitió, se entregó a ERC y a Junqueras, que lo tienen contra las cuerdas; pero desde el jueves, día de la crisis del Govern, se mueve a la desesperada. Y de alguien que anda a la desesperada no se puede esperar nada bueno.

La semana se inicia con la dimisión del director de los Mossos, Albert Batlle. Militante del PSC, hombre de reconocido prestigio, fue concejal de Barcelona durante 20 años y cometió el pecado de defender la neutralidad de la Policía autonómica ante la consulta y declarar que él respetaba la legalidad y la Constitución. Desde entonces era hombre muerto. Tuvo el apoyo del anterior conseller de Interior, Jordi Jané, independentista pero sólo si se conseguía acorde con la legalidad. Pero éste cayó y fue sustituido por un secesionista de libro: Joaquim Forn.

Con su marcha, Batlle se adelanta a su cese y marca distancias con el soberanismo talibán que pretende imponerse en Cataluña a golpe de decreto, proclamas, amenazas e insumisión. A poco que se indague en el PDeCat, se concluye que no será el único que se desenganche. El prestigio de Puigdemont está bajo mínimos, su entreguismo a Junqueras está provocando animadversión hacia el president en su partido, el miedo a la inhabilitación o a la pérdida del patrimonio hace estragos y, aunque saca pecho para disimular su bajo estado de ánimo, se asienta la idea de que la consulta está en el aire. Por eso es necesario que las fuerzas constitucionales vayan juntas en la oposición al 1-O. Sin fisuras. Pero hay un problema: Pedro Sánchez se muere por provocar titulares.