Análisis

Joaquín Aurioles

Universidad de Málaga

El estado proveedor

El progreso social es percibido como la profundización en la prestación de servicios públicos esenciales, pero supone una amenaza en ciernes sobre el espacio de libertad individual

Protesta en defensa de la sanidad pública.

Protesta en defensa de la sanidad pública.

EN las elecciones a la Comunidad de Madrid los votantes han valorado más la perspectiva de una convivencia en libertad y respeto a los derechos individuales, que la intervención pública en defensa de la igualdad y los derechos colectivos. La victoria ha sido contundente, pero circunstancial, porque en cualquier otro momento o lugar puede ocurrir lo contrario. Viene siendo así desde que la Revolución Francesa proclamó los ideales de igualdad y libertad, tan influyentes en la historia política de los dos últimos siglos, pese a que quienes se proclamaban defensores de uno de ellos, terminaban manifestándose como enemigos ocultos del otro. Cuba, tan presente en el debate político actual, puede ser un buen ejemplo de como los regímenes radicales de izquierda, el castrista, terminan siendo grandes represores de la libertad, mientras que los de derecha reaccionaria, el de Batista, generan desigualdad e injusticia social. También la historia de Cuba permite apreciar la perversa paradoja de los extremos, puesto que ni el régimen castrista consiguió erradicar los privilegios de clase (o de partido) y la injustica social, ni el de Batista traer prosperidad al país.

A los economistas corresponde aclarar si existe relación entre el ideario político, el progreso económico y el bienestar de los ciudadanos, aunque reconociendo que existen otras consideraciones, incluso superiores a las estrictamente económicas, que los políticos han de tener en cuenta en sus decisiones. Apuntemos, aunque no sea necesario y sin concesiones a los matices, que los ideales basados en la libertad individual, los que defiende la derecha, prefieren que sean los mercados quienes asignen los recursos, que viene a ser lo mismo que decidir sobre la distribución de la riqueza, porque lo hacen de manera más eficiente, mientras que los defensores de la prevalencia de igualdad, la izquierda, se inclinan por los poderes públicos, convencidos de que conseguirán un resultado será más justo.

No entremos en disquisiciones sobre quien tiene razón, pero reconozcamos que en la derrota del comunismo en los años 80 tuvo mucho que ver, además de la asfixia de las libertades individuales, su fracaso para llevar a la población la prosperidad y el bienestar prometidos. Los mercados parecen haberse impuesto de forma definitiva, a raíz de aquello, sobre los gobiernos, pero ¿es esto realmente cierto?

Hace un par de semanas recurrimos al utilitarismo de Maquiavelo y Hobbes para especular Sobre la bondad y la maldad de los gobernantes y reconocer que en la conciencia política de entonces y ahora las cosas tienen el valor de su eficacia para conseguir el fin pretendido (alcanzar o mantenerse en el poder), con independencia de las fisuras éticas que puedan presentarse (el fin justifica los medios). La intervención del estado en la vida de los ciudadanos nace del pacto, con frecuencia impuesto, por el que estos, incapaces de afrontar con garantías situaciones complejas, ceden al primero la responsabilidad de defender sus intereses. Las nuevas de parcelas de poder son, en realidad, espacios de libertad cedidos a los gobernantes (o confiscados) que, con el paso del tiempo, van transformando el propio concepto de estado.

Las formas absolutistas y totalitarias fueron evolucionando hasta adoptar la del actual estado del bienestar, pero el proceso no se detiene y la tendencia conduce a lo que comienza a conocerse como “estado proveedor”. Sus trazos no son todavía muy firmes, pero sabemos que su función principal es profundizar en la corrección de los fallos del capitalismo, extendiendo los servicios públicos gratuitos a las necesidades básicas que los mercados no satisfacen adecuadamente. El paraguas del estado proveedor adopta formas que se confunden con las del estado del bienestar, pero añadiendo una perspectiva inaudita a largo plazo.

El progreso social es percibido como la profundización en la prestación de servicios públicos esenciales. La provisión gratuita de medicamentos, servicios quirúrgicos o libros en la enseñanza pública sería percibida como un avance en el terreno de la sanidad y la enseñanza gratuita y universal, pero también conviviente con la privada. El estado proveedor propone avanzar por este camino hacia una sociedad más justa, pero la conclusión del proceso también apunta, llevado al extremo, a la abolición completa del sector privado, al igualitarismo radical y a la erradicación del ideal liberal de la igualdad de oportunidades. Supone, por tanto, una amenaza en ciernes sobre el espacio de libertad individual que la política tiende a ocupar amparándose en la incapacidad individual para resolver situaciones complejas, como la de una pandemia.

Los economistas pueden demostrar que una expansión excesiva del estado proveedor resultaría costosa e ineficiente, pero también están esas otras consideraciones no económicas que no nos corresponde valorar. La perspectiva para el sector privado, en cualquier caso, sería bastante desfavorable. Su capacidad para sobrevivir a la competencia de los servicios públicos gratuitos en sanidad, educación o servicios asistenciales se suele explicar por la exclusividad o la calidad (condiciones) de los servicios. Los que pueden, están dispuestos a pagar por ello, pero es razonable admitir que la ampliación sistemática de los servicios públicos podría provocar una presión competitiva insoportable sobre los privados. La racionalidad económica así lo indica, aunque en cuestiones de consumo pocas cosas parecen dictadas por la razón.

Los marginalistas lo entendieron a mediados del XIX, cuando demostraron que la abundancia o la escasez influyen tanto o más en el valor de las cosas que el coste de producirlas o su utilidad. Basta comparar el precio de los diamantes con el del agua. Pese a ello, la todavía nebulosa idea del estado proveedor invita a reflexionar sobre la frontera que debe proteger el espacio de libertad individual de las injerencias políticas excesivas.

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