Análisis

Vicente Fernández Guerrero

Ex interventor general de la Junta de Andalucía y ex presidente de la SEPI

El ‘permitting’, un moderno “vuelva usted mañana”

SON –o somos– muchos los que manifestamos un cierto rechazo a la utilización de anglicismos en nuestra conversación diaria. Se trata, sin embargo, de una tarea perdida de antemano en un mundo cada vez más interconectado, donde no sólo nos mezclamos las personas, sino también las mismas lenguas. Valga esta reflexión a propósito de una expresión –el permitting– que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) pretende, probablemente en vano, que sea sustituida por la de tramitología y cuyo significado es el “arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites”. Sin embargo, me temo que la fantástica Fundéu, patrocinada por la Real Academia y la Agencia EFE, no tendrá éxito en su pretensión. Permitting, probablemente por su contundencia sonora, es un término mucho más expresivo que su correlativo en castellano.

Y es que el permitting constituye la gran asignatura pendiente de las Administraciones españolas y, afirmo con total conocimiento de causa, una de las grandes rémoras para que nuestra renta per cápita no alcance el nivel de nuestros socios y vecinos europeos. Hace algunos lustros, al albur de la directiva europea de servicios, se trató de sustituir el control previo (las licencias) por el control a posteriori a través de la inspección. Ha sido en vano. Continuamos apegados a la burocracia que tan visualmente reflejara Larra en Vuelva usted mañana, cuando no la hemos incrementado siguiendo una legislación acelerada y atiborrada de trámites, controles y permisos. Conseguir la autorización para una actividad industrial, energética, constructiva o simplemente turística demora meses, cuando no años, terminando por aburrir al inversor más entusiasta.

Cargos y funcionarios públicos debieran –debiéramos– hacernos una simple pregunta: ¿para qué? ¿Para qué tanto trámite? ¿Para qué tanta dilación? ¿Para qué tanto control (previo)? Sobre todo porque resulta mucho más eficiente, como podría responder cualquier inversor, recibir una respuesta negativa, pero rauda, que permanecer en la duda de si se conseguirá o no la licencia que tanto tiempo, y dinero, le está suponiendo.

No se trata sólo de utilizar los controles administrativos con lógica, atendiendo a la finalidad por la que se introdujeron en la legislación, sino también de ponderar que en este mundo absolutamente interconectado, aquellos territorios que desarrollan una mejor gestión del permitting serán los mayores beneficiarios de las inversiones que fondos y empresas transnacionales acometan. Si demoramos meses y años en decidir si un proyecto empresarial merece ser autorizado o incluso incentivado por los poderes públicos, sólo conseguiremos una cosa: Que no se llegue a realizar, con la consiguiente merma de empleo y riqueza.

Si el sector público demora sus decisiones administrativas, no le va a la zaga el Poder Judicial, lo que viene a constituir una tormenta perfecta para la frustración de las inversiones. Si el primero suele demorar meses en alcanzar una decisión, en el caso del segundo, son años los que se toma para resolver las demandas y recursos que le llegan. Para desesperación de muchos y horror de los contables, que ven las cuentas de sus empresas profusamente llenas de provisiones, en espera de decisiones que llegan casi siempre tarde. Si un procedimiento administrativo no debiera demorarse más de 3 meses como regla general, un proceso judicial, agotadas todas sus instancias, no debiera dilatarse más allá del año. Otros países de nuestro entorno lo consiguen. ¿Por qué no nosotros? Conocemos casos de demandas que llevan casi 20 años sin resolverse en los Tribunales, así como procedimientos administrativos de incentivos que no terminan de decidirse en un sentido o en otro, tras meses, incluso años, de tramitación. Estas demoras constituyen un drama para las personas y empresas implicadas, aparte de constituir un importantísimo factor de no competitividad para nuestra economía.

No es esta una cuestión ideológica, ni suele estar incluida con prioridad en las agendas gubernamentales. Y, sin embargo, se trata de un problema, de un modo de actuar administrativo (y judicial), que, a poco que se corrigiera, incluso mínimamente, multiplicaría la riqueza y el empleo de nuestro Estado y de nuestra Comunidad. Redúzcanse ventanillas y controles previos de actividad, sustituyéndose por eficaces inspecciones, dotadas de contundentes medios y posibilidades reales de actuación. El interés público no se verá comprometido por ello y, en cambio, nuestra tierra verá multiplicada su actividad económica.  En beneficio de todos. No es competitivo emplear tantos recursos en el pemitting, dejando de atender en cambio aquellos otros factores que terminan decidiendo el éxito o el fracaso de empresas y sectores completos de actividad económica.

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