La realidad es tozuda. Los hechos, también. Desde el último 31 de diciembre estaba consumado el fracaso del rescate firmado en agosto y que pretendía romper el grupo Abengoa y liquidar la matriz histórica fundada hace 80 años, dejando tirados a los proveedores a los que ésta debe decenas de millones de euros y sin valor a la inversión hecha por los accionistas del grupo, porque todas las filiales siguen siendo 100% de su propiedad.

En estas páginas se publicó desde el primer ejemplar del año que el rescate ya no era ejecutable. Una semana tardó en tomar conciencia quien había impulsado esa refinanciación -segundo acto de una trama que entregaba la empresa a los acreedores, el primero fue la reestructuración financiera de 2019-, Gonzalo Urquijo, así como sus consejeros, que dimitieron en la filial operativa mes y pico después de ser destituidos por los accionistas en la matriz.

El nuevo consejo elegido el 22 de diciembre, que si hubiese cumplido los mandatos de los propietarios debía negociar otro rescate sin liquidación de la matriz, ha tardado más en asumir la realidad. Lo hizo el lunes: por la mañana certificó la defunción del rescate, que llevaba muerto mes y medio, y por la tarde solicitó concurso de acreedores voluntario. Por ahora, el segundo más importante de la historia empresarial española, pero con muchos visos de ponerse en cabeza cuando se conozca de la deuda consolidada del grupo a cierre de 2020, que será mayor que los casi 6.000 millones anotados al cerrar 2019. De concurso, vamos.

Un prestigioso jurista Mercantil de Sevilla compartía conmigo la sorpresa generada en esta jurisdicción por la solicitud de concurso un mes antes de que fuese necesario, porque no pueden instarse por acreedores hasta después del 14 de marzo. "¿Por qué lo hacen?", me preguntó. En mi opinión para forzar que no se celebre la junta general que echaría a los consejeros, que han decidido poner en riesgo 14.000 empleos y un grupo como Abengoa para que no les destituyan y seguir trabajando sólo en romper el grupo para los acreedores. Así de fuerte. Ambos están creando un falso clima de que sólo es posible la liquidación -algo que está por ver- y de presión mediática para que el juez encargado del concurso ceda y desconvoque la junta. De campeonato, vamos.

Tanto el Gobierno central como la Junta andaluza creen posible que este concurso de acreedores sirva para evitar la quiebra y reflotar la empresa. No les falta razón (aunque les sobren reproches políticos). Pero sólo será posible con unos gestores leales, que trabajen, con ayuda del juez, con el objetivo de salvar el empleo y revitalizar el negocio. Abengoa tiene futuro. Si se lo permiten.