Hay cuestiones prioritarias que ni siquiera una pandemia debería retrasar. Mucho menos una simple advertencia, con tono indiscutible de amenaza, de una Administración pública que quiere parar los pies a otra con el argumento de que invade sus competencias.

Al grano. El tema es la necesidad de regular la apertura de las casas de apuestas, básicamente, en barrios humildes con población muy vulnerable y en las proximidades de los centros educativos, deportivos o sociales que frecuentan menores de edad. Es un clamor ciudadano que, tras más de un año de debate, arrancó un compromiso que parecía firme. Pero ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía han movido ficha a día de hoy. Alegan que están en el tema, vale. Y, a continuación, se asoman a una maraña de competencias que flaco favor hace a tantas familias destrozadas por la adicción al juego que desde hace años nace en torno a estos negocios. Para ellas no hay motivo que justifique un minuto más de retraso. Y basta un paseo por alguno de los centros donde muchos jóvenes reciben terapia para comprender la urgencia y ver que se trata de un grave problema de salud pública. Y eso es algo que debería primar por encima de otros intereses económicos. A nadie se le escapa el dineral que mueven las apuestas y el juego.

En el caso de la capital, el 17 de marzo expira la moratoria que aprobó el gobierno municipal para evitar la apertura de nuevas casas de apuestas y salones de juegos mientras, se supone, preparaba y aprobaba la medida definitiva. Pero cuando ya agotaba el plazo, la Junta de Andalucía ha salido a escena anunciando que impugnará cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas por entender que esto supondría una invasión de sus competencias exclusivas. Y el Ayuntamiento de Sevilla anda ahora contra reloj buscando el encaje jurídico que le permita evitar la impugnación anunciada. No parece fácil, pero tampoco hay que desconfiar antes de tiempo.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra fue pionero en dar este paso de cambio urbanístico, que después han seguido otros y es de agradecer que no le tiemble el pulso, pues ya ha asegurado que sigue adelante con sus planes, a pesar de que la Junta asegura que trabaja en una norma de carácter autonómico para lograr el mismo cometido. ¿Cuándo vería esa medida la luz? No parece que haya nada previsto como mínimo hasta mayo.

Por tanto, la cuestión de las competencias no debería ser una excusa que frene las normas municipales. Seguro que hay otras alternativas y ninguna debería tardar en llegar otro año más. Hay muchas familias que no lo entenderían, como tampoco se explican cómo el sector del juego se ha beneficiado de exenciones fiscales y ayudas públicas durante la pandemia mientras hay otros mucho más endebles económicamente que se han quedado excluidos.

Ése es otro debate. Pero, sin perder el hilo: hay compromisos con los que no se juega. Abordar el fenómeno de las casas de apuestas urge y la forma en la que se haga marcará la responsabilidad de los gobiernos.