EL presidente de la Generalitat, Artur Mas, viene desarrollando una estrategia con dos objetivos claros: por un lado, lograr que, efectivamente, se pudiera celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña y, por otro, si no fuera posible aquél, adoptar una posición victimista trasladando a los ciudadanos catalanes que Cataluña es víctima de una agresión política del Estado español por impedir el derecho a la consulta. Da la impresión de que el presidente catalán quiere asumir un destino mesiánico: ser el mártir catalán del siglo XXI frente a un Estado expoliador que impide el ejercicio de las libertades de los catalanes.

En este contexto hay que situar la iniciativa del Parlamento catalán, aprobada mayoritariamente, de solicitar al Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española (CE) la delegación a la Generalitat de la competencia para convocar consultas y referendos. Esta iniciativa constituye un viaje a ninguna parte, una vía cegada. El señor Mas sabe, de sobra, que el Estado no tiene más salida que rechazar la propuesta: delegar esa competencia para convocar un referéndum sobre la autodeterminación supondría transferir soberanía del pueblo español a la que se refieren los artículos 1 y 2 de la CE. Más bien parece que la propuesta forma parte de la campaña de agitación de los nacionalistas catalanes para alimentar el papel de víctimas y denunciar la pretendida falta de diálogo por parte del Estado.

La votación en el Congreso de los Diputados tendrá lugar, aproximadamente, entre los meses de mayo y septiembre de este año. Una pregunta que surge inmediatamente: ¿qué pasos se van a dar a partir del rechazo previsible de la iniciativa del parlamento catalán?, ¿cuál será la respuesta del señor Mas? En el terreno de las hipótesis, el presidente de la Generalitat podría seguir en una huida hacia adelante con la celebración de la consulta aunque en un contexto de ilegalidad constitucional. No creo, previsiblemente, que esta hipótesis vaya a tener lugar: las consecuencias económicas y financieras en una situación de crisis junto al aislamiento internacional y la salida de la Unión Europea serían nefastas para Cataluña. Cabe esperar una dosis mínima de responsabilidad.

Otra opción sería la convocatoria de elecciones con una finalidad plebiscitaria. Es cierto que esta salida presenta riesgos para CiU: las encuestas sitúan electoralmente a ERC con más apoyo que a CiU. Pero las elecciones podrían proporcionar una salida al callejón en el que se ha metido el presidente Mas y reforzar su posición ante la sociedad catalana. No obstante, siempre cabe esperar cualquier sorpresa en el marco de una campaña de agitación, pero no creo que las salidas se encuentren muy alejadas de las que se plantean en estas hipótesis.

Pero también se plantea otro interrogante: ¿qué va a hacer el señor Rajoy? Hasta ahora hemos asistido a lo que se ha dado el llamar el choque de trenes: Artur Mas empecinado en el camino hacia la consulta y Rajoy inmóvil y enrocado en la inmutabilidad de la CE. Es decir, ausencia del diálogo necesario para encontrar una solución. Y si no hay diálogo no hay política. Porque el problema seguirá existiendo y no es sólo un problema jurídico-constitucional sino fundamentalmente político. Es un problema con profundas raíces emocionales compartidas por una buena parte de los ciudadanos catalanes. Y no se podrá abordar, como piensan algunos, con más dinero -financiación autonómica- e inversiones para Cataluña. Estamos ante un problema de encaje político, económico, cultural y lingüístico de Cataluña en el conjunto de España que requiere una solución política de envergadura. Pienso que el PP no podrá mantener durante mucho tiempo, después de la votación en el Congreso, su inmovilismo a menos que quiera seguir alimentando el sentimiento independentista en Cataluña.

No es prudente esperar a los resultados de una improbable consulta o de unas posibles elecciones. Por eso, el paso a dar por el señor Rajoy debería ser abrir un cauce de diálogo sobre la reforma constitucional. Estoy convencido de que, a medida que pasa el tiempo, la única salida posible no sólo al desafío independentista sino también al problema de fondo, pasa por la reforma de la CE. Si queremos dar una respuesta a los sentimientos de muchos catalanes y al encaje de Cataluña en un proyecto común y compartido, la misma está en un modelo federal para España a partir del actual Estado de las autonomías. Ahora bien, el qué reformar y cómo llevar a cabo la reforma exige un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, sin excluir a nadie. Es decir, la renovación del pacto constitucional de 1978. Difícil, pero posible con voluntad política.

Después de 35 años de vigencia, la nuestra es una Constitución madura y fuerte, cuya reforma puede ser abordada, con prudencia, pero sin miedos ni complejos. El contexto del que partió la CE de 1978 sigue siendo válido: el reconocimiento del carácter plurilingüe y de diversidad cultural de España como factor de cohesión de un proyecto común. Se trata, ahora, de profundizar en el a través de una alternativa federal compartida y creíble.