Junto al temor sanitario, el incierto regreso a las aulas y la preocupación por el colapso de los ambulatorios, buena parte de la sociedad sevillana deberá añadir nuevas facturas al mes de septiembre. Una de ellas tiene que ver con la gestión del teletrabajo, que ha llegado para quedarse ahora que todos tenemos que enfrentar cuarentenas y aislamientos por la extensión del Covid-19 en nuestros entornos laborales y sociales.

Una imagen de este paisaje que hace unos meses nos hubiera parecido apocalíptico la podemos encontrar en Ikea o en las secciones de tecnología de los grandes almacenes, donde se agotan productos propios de sociedades más digitalizadas que la nuestra. Conseguir estos días un tablero y dos caballetes para improvisar una mesa de despacho en casa, lejos de los ruidos del resto de los habitantes de la misma, comprar un repetidor de wifi para dar cobertura a esas estancias o esquinas de la vivienda donde no llega la ansiada red con la intensidad que demandan las plataformas de teletrabajo y escritorios remotos o, simplemente, encontrar un monitor a buen precio para no dejarnos la vista con el estiloso pero pequeño ordenador portátil que nos compramos al inicio del estado de alarma, suponen ya un gasto adicional en nuestras mermadas economías domésticas. Y esto por no hablar de cómo se ha incrementado la factura de la luz y de internet desde que los trabajadores han dejado de ir a la oficina para cuidar a los hijos y mayores, proteger a sus seres queridos o, simplemente, afrontar la obligatoriedad del pluriempleo, que ha acabado por igualar en la ausencia de días realmente libres a todos aquellos a los que no les alcanza o no forman parte de esa vergonzante clase política que ha exhibido sin pudor su distancia social con respecto a las preocupaciones de la mayoría de los españoles veraneando y bajando la persiana en agosto como si aquí no pasara nada.

Otra factura adicional que no podemos descartar en las próximas semanas es la derivada de la visita a los laboratorios para que nos realicen un test PCR si nos lo impone un viaje laboral (cada vez son más los destinos internacionales que así lo exigen) o la necesidad de saber lo antes posible si aquel amigo al que acompañamos en el funeral de su padre y dio positivo nos habrá contagiado. La minuta es variable, pero ronda los 120 euros si se tiene prescripción médica y 150 si no se tiene. Las colas ante la puerta de los laboratorios del centro de la ciudad hablan por sí mismas.

La cuesta de septiembre, en tiempos de pandemia, no tiene nada que envidiar a la de enero. Qué tiempos aquellos en los que a tanta gente le bastaba con agotar las reservas de papel higiénico o de harina de amasar pan para creer que se estaba dando respuesta a esta crisis a la que aún no le vemos, ni por asomo, el final.