Sergio Rodrigo

Fronteras de hierro, normas de barro

EN Ceuta y Melilla la situación ha llegado a tales límites que los propios guardias civiles tienen que plantear hasta qué punto son legales las expulsiones en caliente de inmigrantes subsaharianos al carecer de un protocolo de actuación.

Ante las dudas sobre la legalidad de las devoluciones de inmigrantes ilegales, que se repiten continuamente en Melilla, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de la ciudad autónoma ha solicitado ante la Fiscalía General que informe sobre si los agentes pueden incurrir en alguna ilegalidad.

Y es que los agentes de la Guardia Civil son los principales expositores ante el freno de los saltos a las alambradas fronterizas, cumpliendo órdenes directas de las delegaciones del Gobierno. Es decir, cumplen decisiones de superiores que son los que recomiendan que los agentes expulsen por las puertas de la valla a los inmigrantes subsaharianos.

Los agentes "se encuentran indefensos jurídicamente al desconocer si en algún momento pueden estar vulnerando los derechos de los inmigrantes" cita un comunicado de AUGC, quien de alguna manera se desvincula de estas acciones que han denunciado ante el parlamento grupos como IU, UPyD y Equo.

Esta ha sido una reivindicación histórica de la AUGC, que ha mostrado en otras ocasiones su malestar por la falta de unas pautas concretas de actuación con los inmigrantes.

De esta manera se logra desligar a los trabajadores de la Guardia Civil del incumplimiento de la Ley de Extranjería en las ciudades autónomas, en las que no se permite expulsar a los inmigrantes irregulares sin un proceso legal. No obstante, las relaciones de buena vecindad con Marruecos permiten la ejecución del acuerdo bilateral relativo a la readmisión de extranjero del año 1992.

En Melilla el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, señaló a la prensa que los agentes de la Guardia Civil, como profesionales, deben saber cuáles son sus funciones, por lo que no requieren de ningún protocolo de actuación para hacer frente a la inmigración ilegal, tal y como demanda la AUGC.

Esto genera un claro oscuro bastante complejo en unas ciudades cuyas delegaciones del Gobierno viven casi para los asuntos migratorios, y sin un protocolo de actuación los agentes se encuentran en riesgos de incumplir la legalidad de su labor fronteriza, más que vigilada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

La compleja situación de la frontera española en África es más que preocupante, y afecta de manera directa a los propios flujos migratorios que ven afectados sus movimientos sufriendo las violaciones de los propios derechos declarados por los países de pasos de estos, que saltan a la ligera con el fin de evitar que estos pasen.

Estas políticas están convirtiendo las fronteras de hierros pero las normas de barro líquido que amoldan según las circunstancias, y que demuestra que la Marca España no se vende pero si se alquila.

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