HAY días en los que uno se siente atrapado por la melancolía y piensa disparates, como que la autonomía no ha servido para nada. Desde luego, no para dejar el furgón de cola del desarrollo y sentarnos al lado de las grandes regiones europeas, como nos venía prometiendo la publicidad oficial. Ni siquiera para dejar de ser la región española con más parados. Es más, con el 21,78% de paro, nos acercamos rápidamente al 24,89% de 1981. No parece que tampoco haya servido para integrarnos territorialmente, con las rencillas interprovinciales tan vivas, o más, que nunca y un incipiente movimiento partidario de la escisión de Andalucía oriental. Por occidente, también el localismo goza de buena salud con el alcalde de Sevilla y buena parte de sus fuerzas vivas reclamando para sí la sede de la Gran Caja andaluza.Creo, con el catedrático sevillano Isidoro Moreno, que la designación de Sevilla en 1982 como la capital de Andalucía fue un error estratégico en la construcción de la comunidad autónoma. Lo fue por diversos motivos, entre los que destacan que ni Sevilla es tan grande para liderar sin discusión un territorio de 84.000 kilómetros cuadrados, ni tan pequeña como para no levantar el recelo un punto envidioso de las demás ciudades. Si el nuevo Estatuto de 2007 brindaba una oportunidad para corregirlo, tampoco hemos sabido aprovecharla y los que hicimos la propuesta en su momento tuvimos el nulo eco que nos merecíamos. Como no se puede desandar el camino y cambiar la capital de Andalucía, lo que sí podemos hacer todos es poner de nuestra parte para aprovechar las ventajas de la integración política de ocho millones de personas, sin enredarnos en localismos.

Quienes más pueden hacer en esta tarea son los políticos, que no pocas veces se proclaman adalides del federalismo, olvidando que éste implica una notable dispersión territorial del poder, mientras se aplican en concentrar casi todas las instituciones públicas relevantes en Sevilla, tanto estatales como autonómicas, con alguna excepción, que más bien sirve para confirmar la regla: aunque la capital del Tribunal Superior está en Granada, se mantienen las salas sevillanas, dualidad que no se ha conservado cuando la sede designada ha sido Sevilla. Ese proceder se llamaba en tiempos del Quijote la ley del encaje, ahora transformada en la ley del embudo. Un último artículo de esta ley acaba de escribirse con el traslado de Málaga a Sevilla de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur. ¿No podría haber sido al revés? No, claro, el Guadalquivir es el padre de Andalucía. Conforme, pero ¿y por qué no aprovechamos que también pasa por Córdoba y mandamos la Agencia Andaluza del Agua allí, que si ya no está -como en tiempo de Lorca- lejana, sí que sigue sola? La Gran Caja andaluza no debe convertirse en otra ocasión perdida: si la necesitamos, como dice el presidente Chaves, es triste que nos paremos en discutir su sede. Pero es inevitable, porque hay quien no acepta la lógica de las fusiones de empresas, que no es otra que situar la sede en donde reside la empresa de mayor tamaño, argumento que es bastante análogo al utilizado en su momento para designar a Sevilla, la ciudad más poblada, como capital de Andalucía. Por eso, debemos reclamarle a los líderes de todos los partidos que se apliquen para, con toda la delicadeza del mundo frente al localismo sevillano, lograr que el objetivo de una poderosa caja al servicio de Andalucía se cumpla sin dañar la integración territorial, lo cual es tanto como decir que la sede de esa nueva caja debe estar en Málaga. O mejor: en Antequera, que acumula muchas ventajas, empezando por la evidente de estar a medio camino de Sevilla y Málaga, y no especialmente distante de Granada, lo que podría ayudar a la integración posterior de CajaGranada.