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EL desmarque creciente, y ya indisimulado, de la Junta con respecto al Gobierno de la nación obedece a motivos de fuerza mayor: la impresión de que la impopularidad de Zapatero puede no tener marcha atrás y puede también arrastrar a la derrota a todos los barones socialistas. Tonto el último.

Presidentes autonómicos socialistas vienen tomando posiciones de disidencia más o menos suaves en la convicción de que la marca ZP ya no suma, sino que resta, en materia de expectativas electorales. Las encuestas más variadas coinciden todas en que la política de Zapatero siempre recibe peor valoración que la política de cada gobierno territorial. Ergo (por consiguiente, que decía Felipe), conviene desengancharse. La distancia es el olvido, pensarán. A ver si los electores se olvidan de que al frente de todo el PSOE nacional está el Zapatero que antes era garantía de éxito y ahora casi garantiza el fracaso.

La defección la inició Barreda, el presidente de Castilla-La Mancha -en serio peligro de perder el poder en su comunidad el año que viene-, pidiendo un Gobierno más reducido y más solvente. Es más que evidente el desafío de Montilla a Zapatero, antes y después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tiene dos obsesiones: no ser desalojado de la Presidencia de la Generalitat y, para ello, mostrarse lo más alejado posible del PSOE, que ya no es el partido hermano del PSC, ni siquiera el partido hermanastro. Patxi López, el lehendakari, ya ha advertido también que no va a consentir que el Gobierno haga concesiones al PNV a sus espaldas para asegurarse la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Y a lo que íbamos: José Antonio Griñán tampoco se queda atrás de un tiempo a esta parte. Ha manifestado su malestar por que ni Hacienda ni el Banco de España moviesen un solo dedo para ofrecer una salida política a la subasta de Cajasur, o sea, para venderla a Unicaja (y ordenó a Velasco que lo dijera en el comité federal del PSOE). Ha exigido, sin resultados, que las exigencias gubernamentales de reducción del déficit público de las autonomías no midieran a todas las comunidades por el mismo rasero, sino que discriminasen favorablemente a las que, como Andalucía, se han endeudado menos. Y ha expresado su total desacuerdo, por boca de la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, con la decisión de la ministra de Vivienda de dedicar todas las ayudas de su departamento a la rehabilitación y alquiler de viviendas y eliminar las que incentivaban a los promotores y a los compradores de VPO. Más problemas para el sector de la construcción andaluz.

Griñán se agarra como un clavo ardiendo a las encuestas que lo valoran a él mejor que a Arenas y suelta amarras con un Gobierno Zapatero más quemado que la pipa de un indio. Cuestión de calores.

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