NO se puede indultar a unos torturadores. Por más que sea legal, como explicó el ministro de Justicia -apresuradamente y con distancia cada vez más altiva, que es como explica las cosas Alberto Ruiz Gallardón-, y todos debamos permanecer tranquilos porque se ha aplicado el principio de legalidad. El indulto es legal: se ha llevado a cabo con escrupulosidad. Pero el principio de legalidad, sin basamento ético, es la justificación de los estados totalitarios. Que en un texto legal se detalle un precepto no significa que sea justo o que no sea directamente execrable, como la legislación alemana sobre los judíos, desde no poder sentarse en los bancos públicos o tener derecho a andar por la acera, hasta el expolio de sus bienes y su exterminio masivo en los campos.

En Alemania se aplicó puntualmente el principio de legalidad, como en España se ha aplicado para indultar a cuatro mossos d'esquadra que habían sido condenados a cuatro años y medio de cárcel por torturar a un hombre detenido por error. Aunque si hubieran acertado en esa detención, las torturas serían igualmente indignantes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, les concedió un indulto parcial. Pero como con ese indulto parcial se mantenía su entrada en prisión -el juez fue muy explícito en su sentencia, hablando de la necesidad de un castigo ejemplar por la gravedad del crimen: policías que torturan a sus detenidos en un Estado democrático-, el Gobierno lanzó un segundo indulto, esta vez ya completo, para que no ingresaran en prisión. Y ya no lo harán.

No es cuestión de cargar contra el Gobierno del Partido Popular por el viejo tema de los indultos: todos los gobiernos democráticos han abusado de una ley de 1870 que no está en la sustancia del espíritu constitucional. Hay que cambiar los indultos, que deben ser razonados y en vinculación con el juez sentenciador. Y hay que reducirlos a unas circunstancias verdaderamente extraordinarias, más humanitarias, en las que el ingreso en prisión verdaderamente devengue en una grave injusticia para con el penado.

Este último indulto ha indignado a nuestros jueces, por la injerencia directa que supone al anular una sentencia justa, que además la sociedad requiere. Porque cuando un ciudadano es privado de su derecho a la libre circulación, siendo retenido en las dependencias judiciales, el Estado es garante de su integridad física y moral. Da la sensación, por otro lado, de que los mossos d'esquadra tienen patente de corso en la vulneración de nuestros derechos civiles. Es comprensible: con un consejero de Interior dispuesto a justificarles hagan lo que hagan, aunque le revienten un ojo a una mujer de un disparo o den una paliza a unos chavales, y si además ahora los indultan tras haber torturado a un hombre indefenso, cómo no van a creer que son los verdaderos dueños de la calle.