ES evidente que son las grandes instituciones de la globalización del Mercado (el Banco Mundial, el FMI, el Banco Central Europeo, la OMC…) las responsables últimas de la actual ruina de países, sectores productivos, familias y personas y de la voladura controlada del llamado Estado de bienestar, pero esto no hubiera sido posible sin la colaboración cómplice de los que Blas Infante llamaba "políticos de oficio", que debieran representar los intereses ciudadanos. Complicidad no sólo de los partidos declaradamente (neo)liberales, sino también de la mayoría de los que siguen autoproclamándose de izquierda. Unos y otros asumen hoy el TINA de Margaret Thatcher: el That is not alternative (no hay alternativas). Es esto lo que está en el fondo de la crisis de la democracia representativa, que ha llegado a ser muy poco representativa (de los intereses no oligárquicos) convirtiéndose por ello en una democracia de muy baja intensidad.

Es en este contexto en el que hay que inscribir el drama de los desahucios, uno de los resultados más sangrantes de la estrecha colaboración entre banqueros y políticos. Las familias que son expulsadas de sus casas, a la vez que pierden sus dineros y siguen ampliando su deuda con los bancos, constituyen un drama que puede medirse en números pero que es inconmensurable en sufrimiento. Casi millón y medio de firmas han sido entregadas en el Parlamento, a través de una Iniciativa Legislativa Popular, con el objetivo de poner ciertas barreras a esta verdadera catástrofe humanitaria mediante la modificación de preceptos que incluso han sido considerados ilegales, por abusivos, por los tribunales europeos.

Gracias a la presión popular que apoyó la iniciativa, el Gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás en su posición de ser totalmente indiferente a esta demanda y ha planteado una ley que aplaza dos años el desahucio de aquellas familias que cumplan una serie de requisitos. Inmediatamente, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley sobre vivienda que, en una disposición adicional, se refiere al tema estableciendo algo no muy diferente aunque se haya pregonado, a bombo y platillo, que contiene medidas casi revolucionarias. La diferencia principal es que se amplían a tres los años de la prórroga. Eso sí, incorporando una batería de palabras de alto contenido emocional, como expropiación (?) En el colmo del paroxismo publicitario, el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU, Diego Valderas, ha llegado a afirmar que con este decreto se declara Andalucía "territorio libre de desahucios". Y se ha quedado tan ancho.

Estos días, los entornos mediáticos del PP y del PSOE se están dedicando a ensalzar las bondades, reales o supuestas, de los respectivos decretos y a ridiculizar las del contrario, cuando la realidad es que tanto el Gobierno como la Junta han parido un ratón. Que ni siquiera hubiera nacido sin la presión de la calle, el clamor popular y los suicidios provocados por el tema. En ninguna de las dos leyes se hace mención a la dación en pago, que es la reivindicación central del millón y medio de firmas, ni se obliga a los bancos a renegociar las condiciones y plazos de los pagos, ni se dictan medidas de alcance general: en ambas se señala que habrá que estudiar los casos uno por uno y cada familia tendrá que demostrar que se encuentra en una situación límite, cumpliendo una serie de requisitos que hacen muy escaso el número de las que podrán acogerse a este respiro.

Más allá del alud propagandístico para tratar de convencernos, unos, de su sensibilidad social dentro del máximo respeto a la propiedad privada y a los derechos de los bancos, y, los otros, de que practican una política verdaderamente de izquierda (ocultando su complicidad directa en cuanto está ocurriendo), ¿cuántos entre las decenas de miles de desahucios previstos van efectivamente a anularse o a paralizarse? Concretamente, aquí en Andalucía desde la Junta deberían responder a varias cuestiones: ¿es cierto que con los requisitos fijados sólo se suspenderían unos doscientos de entre los más de siete mil en trámite? Si no fuera así, ¿cuál es el número que se baraja? Y ¿cuál va a ser la asignación presupuestaria?

Es tal la gravedad del tema que sería criminal utilizarlo sólo como un elemento más para la bronca entre partidos. Más allá de esto, me temo que se están alimentando esperanzas que en pocos casos van a materializarse. Siempre habrá quien nos diga que es mejor poco, o incluso muy poco, que nada. Pero entonces, aunque sea por humanidad (hablar de decencia creo que es inútil), no hagan demagogia y no engañen a quienes es lógico que quieran agarrarse incluso a un clavo ardiendo.