EL presidente y los portavoces del Parlamento andaluz han pretendido zanjar el desdichado episodio de la subida unilateral de las dietas del primero y de los portavoces adjuntos, adoptada en marzo a cencerros tapados, con un confuso comunicado en el que ni siquiera admiten haberse equivocado y pretenden incluso argumentar que ha sido su propia voluntad de transparencia la que ha hecho posible la rectificación final. No ha sido así: los andaluces han podido conocer el aumento de las dietas -escandaloso en tiempos de austeridad, más allá de su importe para las arcas públicas- gracias a su publicación por Diario de Sevilla y su reiteración por los demás medios informativos, provocando una airada reacción social que es la que realmente les ha obligado a anular el acuerdo. Fue tan insatisfactorio el comunicado de la Cámara que a las pocas horas tuvo que complementarlo el presidente, Manuel Gracia, con una comparecencia personal en la que, por fin, admitió que se había cometido un error. Incluso así no llegó a presentar una sentida disculpa, quedó sin aclarar la paternidad de la peregrina idea de subirse sus retribuciones e intentó justificar el aumento en su caso concreto por el hecho de que esté haciendo un uso poco intensivo del coche oficial y utilice su propio vehículo para los desplazamientos no oficiales, asumiendo el coste adicional que esta práctica le supone. También resultó fallido su intento de proclamar la autonomía del Parlamento al rechazar que el presidente de la Junta le haya obligado a rectificar: Griñán insistió ayer mismo en que había dado orden de anular el incremento de las dietas, aunque en su condición de secretario general del PSOE andaluz, es decir, superior jerárquico de Gracia, que también es militante socialista. En cualquier caso, no es ejemplarizante ni aceptable que este escándalo, cuya visualización práctica consiste en que los partidos políticos andaluces no son capaces de pactar más que la defenestración del Defensor del Pueblo que les había criticado y la subida de sus propios salarios, mientras que no logran ponerse de acuerdo en políticas esenciales para el progreso de Andalucía, vaya a concluir con ese comunicado exculpatorio para salir del paso. Dado que ninguno de los portavoces se ha responsabilizado de la iniciativa ni ha dado explicaciones sobre los motivos de su apoyo, no queda más remedio que atribuir la paternidad del escándalo a quien encarna la institución, el presidente, Manuel Gracia, segunda autoridad máxima de la comunidad autónoma andaluza. Él debe plantearse si, tras el malestar ciudadano con el caso, debe continuar en la presidencia del Parlamento o dar por finalizada su larga carrera política.

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