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Cambio de sentido

Oficinas del español

Desde antiguo, la lengua -su imposición- fue símbolo de poder. Ahora, además, es sinónimo de dinero

Pedro Sánchez ha anunciado que creará una especie de Oficina del español, como la de Cantó pero a nivel nacional. Enseguida, los forofos de Ayuso han hallado alivio al gritar a los cuatro vientos que los de enfrente (sí, lo de las dos Españas promete ir para largo) también montan chiringuitos y que, para colmo, se los copian a la presidenta madrileña. Efectivamente, el proyecto estatal sostiene las mismas barrabasadas neoliberales que el autonómico: resulta que ahora la lengua ha de ser es un activo económico para promover el turismo, la industria cultural y la empresa. Ni uno ni otra se cortan en decir que el objeto de estos negociados es "generar oportunidades de negocio en torno al idioma castellano". Y yo que creía que la lengua es una maquinaria que se nos da de forma gratuita, gracias a la cual podemos romper a razonar y a expresarnos, y que el español era un tesoro mucho más inmenso e imponderable que lo que se saque de negociar con él... Va a ser que ahora todo, hasta el habla y los hospitales, va a tener que ser primeramente rentable. No sé adónde han ido los del gobierno español y el madrileño a coger apuntes, pero han vuelto apestando a lo que huelen los billetes. Desde antiguo, la lengua -la imposición de la misma- fue un símbolo de poder. Ahora, además, es sinónimo de dinero. Ignoran que la lengua es de todos porque no es de nadie. Y que tiende, además, a deslenguarse.

El español no necesita oficinas; necesita calle, hablarse, leerse en las mejores obras de la Literatura Universal, escribirse, no empobrecerse en la estandarización de los medios y las redes. Nuestro idioma ya tiene instituciones señeras que lo cuidan y divulgan por el mundo. Si de algo hay que defenderlo, quizá sea de quienes juran en falso defenderlo. Supongo que ustedes también habrán leído más de un tuit en defensa del español con faltas de ortografía como melones. El pastizal que invertirán en abrir oficinillas del español y pagar a los encargados bien podrían derivarlo a los institutos Cervantes. O a crear -¡qué locura!- un servicio de traducción de obras escritas en las otras lenguas del Estado al castellano y del castellano a las cooficiales. Buena parte de la literatura que se escribe en mi país no está traducida al castellano. Estoy segura de que, tanto quienes quieren salvaguardar a tope la unidad de España como quienes defienden a esgalla sus respectivos hechos diferenciales estarán de acuerdo con esta idea. ¿O quizá no?

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