El Ayuntamiento de Sevilla es, detrás de la Iglesia, el mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía. La mayoría tiene interés histórico o artístico, desde monumentos a mercados y tesoros, como el del Carambolo, que por cierto sigue guardado en una cámara acorazada. El catálogo es amplio y diverso, como la gestión que de ellos se hace y que se reparte entre Urbanismo, Parques y Jardines, Edificios Municipales... y hasta Servicios Sociales, pues hay patrimonio como el Palacio de los Marqueses de La Algaba, que acoge un centro cívico.

Acabar con esa dispersión supondría también quitar ese prurito cultural y hasta de intelectualidad que tienen algunas delegaciones que hacen uso de estos bienes inmuebles. Y se augura una misión casi imposible. Aunque tampoco fue fácil la creación del Patronato del Alcázar, del que ahora se han cumplido 25 años y que algunos que participaron en ella atribuyen a Manuel Prado y Colón de Carvajal, el primero que vio claramente que este monumento podía ser una auténtica mina de oro. En un primer lugar se constituyó como organismo de gestión administrativa, para seguir sujeto al control municipal. Y no fue hasta 1995, dos años después, cuando pasó a ser organismo autónomo, con capacidad para actuar como una empresa municipal.

Desde entonces, mientras la mayoría de estos organismos autónomos municipales son una ruina, el Alcázar ha ingresado en las arcas públicas 20 millones de euros y ha generado unos 80 puestos de trabajo, una relación en la que, curiosamente, no hay ningún conservador propiamente dicho. Hay una figura, la del director-conservador, ahora una mujer, cuya designación es política, pero no es un puesto de plantilla que ocupe un funcionario con conocimientos y solvencia para tomar decisiones en base a criterios técnicos, sin desmerecer a nadie ni cuestionar la gestión de la actual directora. Me refiero al perfil de un puesto que en la última RPT se contempla. ¿Habrá algún alcalde que se atreva a crearlo? ¿Qué es lo que plantea la duda? Pues que hacerlo, tomar esa decisión política, implica enfrentarse a los sindicatos en unos tiempos en los que las plazas de peones se imponen sobre cualquiera de nivel técnico. ¿Una plaza de conservador para el Alcázar o dos puestos de jardineros? Los comités de empresa lo tienen claro. Y, además hay otro inconveniente, la denominada Ley Montoro sigue imponiendo limitaciones para crear nuevas plazas y ésta lo sería. En el Alcázar podría crearse si se amortizaran otras y este monumento apunta para crecer, sumar, nunca restar.

Y vistas estas dificultades, pensar en conservadores para otros monumentos, como podría ser la Muralla de la Macarena, se antoja inútil. Más productivo sería idear una delegación en exclusiva para el patrimonio de Sevilla. Una Concejalía que cuente con una dirección política, pero también con una estructura, un grupo de trabajo dotado de técnicos y, sobre todo, fondos económicos. Sevilla lo merece y cientos de bienes inmuebles justificarían una decisión de este tipo.