Hace tres años me abordó en la Plaza del Duque una mujer para que le ayudara con una dirección. En un papel arrugado había garabateado un plano de una zona del centro de Sevilla donde una cruz señalaba el lugar al que ella se dirigía pero era incapaz de encontrar. Tardé en comprender que el edificio rectangular que buscaba era la comisaría de la Gavidia, para mí clausurada y en ruinas pero que aquella mujer presentaba en su particular mapa del tesoro como un espacio vivo y, desde luego, su punto de encuentro y posible morada.

He olvidado su rostro pero recuerdo su indumentaria, dos faldas superpuestas y unas babuchas de paño incongruentes con la crudeza del invierno. Vuelvo a evocarla tras leer Silencio administrativo, el ensayo que la escritora Sara Mesa publicó en 2019 en la colección Nuevos Cuadernos de Anagrama y donde presenta con sobriedad y respeto las dificultades de los más pobres del sistema para acogerse a las llamadas rentas mínimas o de inserción social.

No es un libro fácil ni complaciente, pero ahora que han quedado atrás las luces navideñas, y prevalecen el frío y la humedad, resulta interesante abordar desde su informada perspectiva el problema de los sin techo y su presencia cada vez mayor en portales y garajes. Hay un empeño valiente de la autora, residente en Sevilla desde niña, por hacernos reflexionar colectivamente sobre cómo lo que en muchas ocasiones parece desidia o abandono puede ser sencillamente indefensión.

El libro de Sara Mesa sigue las peripecias de una mujer que intenta ayudar a otra, una persona sin recursos que vive en la calle y presenta graves problemas de salud, como una severa deficiencia visual, para acceder a la nueva renta básica que el Gobierno de Susana Díaz anunció a bombo y platillo. La obra se abre con una cita de El Proceso de Kafka y no otro es el clima moral que enmarca la historia, donde salvo los nombres ficticios de las protagonistas todo es real y por tanto escalofriante. La maraña administrativa, la incapacidad de sortearla incluso cuando se cuenta con asesoramiento legal y la ayuda de alguna ONG o del Defensor del Pueblo, nos pone de bruces ante la intrincada burocracia en que se enredan hasta la asfixia los más vulnerables de la sociedad, que son aquellos que además de vivir en la extrema pobreza no cuentan con un domicilio fijo o un mero certificado de residencia que los compute en las estadísticas oficiales.

Con una precisión que denota la pericia periodística y experiencia de la autora en el manejo de informes oficiales, Silencio administrativo es una obra mayor pese a su parvo formato que un Consistorio que se autoproclama progresista no puede descuidar entre sus lecturas obligatorias aunque no lucirá como la foto de la alfombra roja de los Goya sobre su mesilla de noche.