Transfuguismo en Benidorm

LA misma operación que condujo a Eduardo Zaplana a la Alcaldía de Benidorm en los años noventa gracias al voto de una tránsfuga socialista se acaba de repetir esta semana. Con los personajes cambiados: ahora ha sido el socialista Agustín Navarro quien ha logrado ser alcalde gracias a una moción de censura respaldada por un tránsfuga del PP, recompensado con la primera tenencia de Alcaldía y la delegación de Urbanismo, de cuya importancia no cabe dudar, ni tampoco de la presencia de intereses oscuros en toda la operación. Hay una diferencia: ahora está en vigor un Pacto Antitransfuguismo suscrito por los principales partidos democráticos, en virtud del cual el nuevo alcalde y los concejales que le acompañan en la aventura han sido desautorizados por la dirección del PSOE. El caso ha adquirido mayor significación política por el hecho de que entre los ediles promotores de la moción de censura se encuentra la madre de la secretaria federal de Organización socialista, Leire Pajín, quien ha tenido que advertir a su progenitora de la ilegitimidad de su acción. La salida que han buscado los nuevos gobernantes de Benidorm ha sido abandonar formalmente el PSOE, pero la experiencia de otros alcaldes elegidos en operaciones de transfuguismo, como el de Gibraleón, en Huelva, sugiere la posibilidad real de que el paso del tiempo termine por socavar los principios y los ahora autoexcluidos vuelvan a aparecer como candidatos del partido en las elecciones de 2011. De hecho, numerosos alcaldes y líderes del PSOE de Alicante se acercaron al Pleno de la censura en Benidorm para solidarizarse con sus ex compañeros, como si todo fuera una maniobra de cara a la galería. En realidad, PSOE y PP han demostrado que el Pacto Antitransfuguismo puede convertirse en papel mojado en cuanto conviene a unos u otros. Ha ocurrido, de hecho, en decenas de municipios de toda España. Mientras no se lo tomen en serio en todas partes y en todas las circunstancias, el Pacto será inútil. Sólo la ley impediría que se cometieran estas faltas de respeto a la voluntad que los ciudadanos expresan en las urnas.