La vista oral sobre las medidas cautelares que un grupo de accionistas de Abengoa ha pedido que se impongan para evitar que lo pierdan todo con el rescate de la empresa fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, fue esclarecedora. Abengoa lleva un lustro en el filo de la navaja, con la amenaza de quiebra siempre presente. Desde que en 2015 empezó a desmoronarse el imperio creado por las familias fundadoras -que perdieron la propiedad- asfixiado por una deuda que entonces rondaba los 6.000 millones de euros, la realidad es que en ningún momento ha remontado la situación. Ni el negocio da, como reconoció el presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo, ni sus problemas los origina la pandemia -si acaso los ha agravado-, porque de hecho, las cuentas de 2019 no están firmadas por el auditor ni presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La vista se inició con una frase del letrado de Abengoa difícil de olvidar: "La prensa aquí no tiene ni arte ni parte", dijo para oponerse a que asistiese a la vista con el compromiso de trasladar a mis compañeros la información, dado que por las restricciones de espacio que impone las distancias que exige el Covid-19, sólo podía haber un periodista. Da idea, la frase, del concepto de transparencia que tienen, no ya de la gestión de una multinacional cotizada, sino de un proceso judicial. Pero lo grave es que la argumentación fue la misma para los accionistas que han demandado al consejo de administración: que allí no pintan nada. Que el acuerdo de rescate es entre la compañía y sus acreedores y que los accionistas son los últimos en importancia. Y que si el juez les hace caso, lo perderán todo también, porque sería la quiebra definitiva. El juez dictará un auto hoy y decidirá. Pero incluso aunque diese la razón a la compañía, el rescate está pendiente de que la Junta de Andalucía confirme que participa en el rescate. El Gobierno andaluz está dispuesto a ayudar, pero no se fía: quiere garantías de que el dinero se devolverá y certeza de que el procedimiento es legal. Están escarmentados en cabeza ajena: no quieren verse juzgados como gobernantes precedentes. Y sólo prestará el dinero con consenso político en el Parlamento andaluz. Todo ello antes del miércoles. No tengo dudas de que hay que salvar empresas como Abengoa. Pero tras asistir a la vista me pregunto si prestaría dinero público que ha de ser devuelto a los mismos gestores que defienden abiertamente que los inversores que compran sus acciones no pintan nada. Suerte que la respuesta real la tiene que dar el Gobierno de Juanma Moreno.