LOS datos objetivos no dejan lugar a dudas: en los juzgados de Sevilla se acumulan en estos momentos hasta 11.000 sentencias que, siendo firmes, y por tanto ejecutables, todavía no han pasado del dicho (el ordeno y mando del juez) a los hechos. Se da la circunstancia de que este colapso ocurre dos años después de que todas las alarmas políticas y ciudadanas saltaran a raíz del caso Mari Luz. El principal acusado por esta causa, como se recordará, se encontraba en ese momento fuera de la cárcel porque un juzgado de Sevilla no fue suficientemente diligente a la hora de aplicar una sentencia anterior. A partir de ese momento, las costuras de la Justicia española se rompieron. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha intentado paliar la situación mediante el abono de pagas extras a la mitad de la plantilla de los juzgados y, ahora, creando una oficina única para controlar las ejecutorias, que debe empezar a funcionar en enero. Incluso dando por buenas ambas medidas, ninguna de ellas sirve para atajar el problema de base, que es de fondo. Los funcionarios que serán trasladados a este nuevo servicio proceden, en su mayoría, de los juzgados de lo Penal. La solución adoptada no deja de ser algo así como desvestir un santo para vestir otro. Los jueces, a los que la Constitución les obliga a juzgar y ejecutar lo juzgado, insisten que con que los recursos existentes la situación no mejorará. Teniendo razón en sus quejas, habría también que preguntarse qué más pueden hacer ellos para solucionar esta cuestión, que quiebra uno de los pilares del Estado de Derecho: que la ley, la misma para todos, se cumpla por igual. La Junta y los magistrados deben buscar urgentemente un punto de acuerdo para impulsar una reforma estructural. Las plantillas de los órganos penales están sin tocar desde hace veinte años. Y los magistrados quizás no son suficientemente sensibles a un hecho: a cualquier ciudadano le resulta más incomprensible que una sentencia no se ejecute por incapacidad de la Administración que el hecho de que un juicio se retrase. Su prioridad debe ser hacer cumplir lo ejecutado, más que sentenciar. Si la fórmula pasa por romper el autismo de los actuales órganos judiciales y crear una estructura común que vele por el cumplimiento de las sentencias, debe explorarse esta vía de inmediato.