La democracia militante

LA pregunta de si la democracia debe ser un sistema político capaz de tolerar y de convivir con sus propios enemigos ha tenido durante años en nuestro país una respuesta muy generosa. A diferencia de lo que indicaba la experiencia de otros países, los españoles hemos creído desde la transición que la nuestra era una democracia más avanzada precisamente porque los instrumentos de ilegalización de partidos contrarios al orden constitucional, aunque previstos formalmente en el ordenamiento, eran en la práctica de muy difícil utilización.

Frente al modelo de las llamadas "democracias militantes", como Alemania, donde se ha entendido -tras una larga experiencia histórica- que la democracia debe defenderse a sí mima frente a sus enemigos mediante el uso de los instrumentos legales, nuestra visión de las cosas era mucho más laxa y generosa. Existían, sí, en teoría, mecanismos capaces de permitir la ilegalización de un partido, pero su uso tenía en la práctica tales incertidumbres y falta de soportes procesuales que se convertía casi en un caso de laboratorio. ¿A qué partido se le podía ocurrir, por ejemplo, incluir en sus estatutos la previsión de cometer delitos o de atentar contra el orden constitucional establecido? En la vida política, parece evidente que los enemigos no operan a cara descubierta, sino tratando de apoyarse en las propias instituciones y de ampararse en la confortable sombra del presupuesto público.

En ese contexto, algunos podían hasta soñar que al final nuestra democracia resultaba ser más auténtica y avanzada que la de otros países, en el sentido de que se toleraba la existencia de fuerzas políticas afines al terrorismo y absolutamente contrarias al orden constitucional vigente: es decir, de que podíamos convivir con nuestros propios enemigos. El coste que esa actitud tan inocente y presuntuosa haya podido tener, tanto en vidas humanas como en el propio funcionamiento democrático, es algo que tendrán que aclarar algún día los historiadores.

Sin embargo, desde la última reforma de la Ley de Partidos de 2002 las previsiones legales parecían ya mucho más explícitas, y así se pusieron en marcha con la ilegalización de Herri Batasuna en 2003. España pasaba, pues, a alinearse con los modelos de democracia militante, utilizando los instrumentos legales en su propia defensa. El uso tramposo de nuevas siglas tras las que enmascarar la misma oferta política se ha confirmado también como una artimaña ilegal, de acuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo ilegalizando Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Pero en ambos casos la decisión judicial adolecía de unas consecuencias imprevistas: y es que una cosa es ilegalizar a un partido (al fin y al cabo una suerte de asociación privada de ciudadanos) y otra muy distinta proceder a la disolución de los cargos públicos que tal partido ha obtenido en unas elecciones. Pues desde el momento en que los candidatos de un partido político han recibido la bendición de los electores se convierten en representantes de los ciudadanos amparados en la irrevocabilidad del mandato representativo.

El juego interesado que el Gobierno Zapatero ha mantenido tras su frustrado diálogo con ETA ha impedido que las medidas legales previstas desde 2002 se aplicaran con toda su contundencia antes de los comicios municipales de 2007, ilegalizando todas las candidaturas presentadas, lo que al final parece que va a otorgar algunos años de impunidad para los más de cuatrocientos concejales electos de ANV en el País Vasco y Navarra. La perspectiva de que pueda producirse una disolución de los más de cuarenta ayuntamientos gobernados por tal coalición se enfrenta a todo un cúmulo de dificultades e incertidumbres, no sólo en términos estrictamente jurídicos, sino también en el sentido de falta de alternativas reales de gobierno. Demasiado complicado para llevarlo a cabo con éxito.

En todo caso, es posible que a partir de ahora en el entorno del universo social abertzale, alimentado a lo largo de décadas de sordas complicidades y tolerancias, empiecen a entender que, para el conjunto de los ciudadanos, no son esa suerte de héroes románticos, especie de luchadores por la libertad de su tierra que pretenden ser, sino puros y simples enemigos de la democracia, cómplices indirectos de los asesinos terroristas.

Lo único que no deja de resultar sorprendente es que, para llegar a este punto, los españoles hayamos tenido que esperar nada menos que treinta años. Y es que, cuando se ignoran las experiencias extranjeras, el aprendizaje democrático parece que requiere al final de ese bagaje de conocimientos que sólo da el paso del tiempo.