EL denominado Plan Centro, la medida que imponía desde finales del pasado año 2010 un sistema especial de acceso restringido al casco antiguo de Sevilla para los vehículos privados, fue ayer derogado de facto -aunque la entrada en vigor de esta decisión no está prevista hasta el viernes- por el nuevo gobierno municipal, que ha elegido hacerlo por la vía del decreto. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, cumple así su promesa electoral de terminar con una medida de la que el anterior gobierno municipal hizo bandera política y que, por parte de determinados colectivos sociales, como los comerciantes del casco histórico,había sido objeto de un fuerte rechazo. La eliminación de este proyecto entra dentro de lo lógico: el alcalde, avalado por su rotundo éxito electoral, consuma así una medida que ya era conocida antes de la cita con las urnas, donde la victoria del PP fue determinante. El regidor cuenta pues con el aval político necesario, que es el de los votantes, para ejecutar esta promesa, si bien causa cierta extrañeza el método finalmente elegido para hacerlo. Al contrario de lo que se había anunciado de forma oficial -que el Plan Centro se derogaría en el Pleno convocado para este viernes, donde el PP cuenta con una mayoría holgada-, el gobierno local ha optado a última hora por resolver la cuestión con una inesperada resolución firmada por el delegado de Seguridad e incluida en el libro de decretos de la Alcaldía. Lo ha hecho antes de que los colectivos ciudadanos que defienden el plan celebrasen una manifestación con la que buscaban poner en aprietos al ejecutivo local y después de que la empresa concesionaria del servicio de cámaras de vigilancia, y funcionarios de los servicios municipales, pusieran en cuestión uno de los argumentos del equipo de Zoido, que aseguró como justificación de su decisión que las cámaras no funcionaban desde marzo. El nuevo gobierno municipal ha querido zanjar esta nueva polémica, que no le beneficia, de forma categórica. Y lo ha hecho sin dar pie a discusión alguna.